Santo Domingo. La fiscal Mirna Ortiz lamentó que las defensas del Caso Coral se dediquen a obstaculizar el conocimiento de las audiencias, luego de que el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional acogiera otra petición para aplazar la revisión obligatoria de las medidas de coerción de los imputados.
El juez Raymundo Mejía dispuso el aplazamiento de la audiencia para el próximo viernes 11 de marzo, a las 10:00 de la mañana.
Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), lamentó que los fiscales fueron convocados para conocer la medida este viernes, pero que fue aplazada por tercera vez a solicitud de los abogados defensores.
“El Ministerio Público, como siempre, está listo para conocer de sus audiencias, pero en esta ocasión la defensa del imputado Alejandro Montero, que fue apoderada recientemente, solicitó el aplazamiento al tribunal a los fines de poder conocer las glosas del proceso”, explicó.
Igualmente, dijo que el abogado del imputado Rafael Núñez de Aza, Félix Portes, remitió excusas al tribunal, ya que se encontraba conociendo otro proceso en el interior del país.
“Tres veces se ha aplazado esta revisión obligatoria, en todas las veces por causas atendibles a los abogados y a los imputados, en todas las ocasiones”, señaló la representante del Ministerio Público.
En mayo del pasado año, el Ministerio Público presentó pruebas que llevaron a los tribunales a imponer 18 meses de prisión preventiva en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre y Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Mientras que contra Raúl Alejandro Girón Jiménez se ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad, por cooperar con la investigación del Ministerio Público.
Los imputados guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal, mientras el Ministerio Público continúa profundizando la investigación del caso, que fue declarado de tramitación compleja.
Los imputados son procesados por incurrir en los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
