Santiago. El Ministerio Público depositó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta demarcación, la solicitud de medidas de coerción contra 38 implicados en la poderosa red de ciberdelito desmantelada con la Operación Discovery.
Además de la imposición de 18 meses de prisión, el Ministerio Público solicita que el caso sea declarado complejo. Los imputados formaban parte de una red que, utilizando medios electrónicos, cometió estafas multimillonarias, sextorsión y despojó de sus pensiones a cientos de ciudadanos estadounidenses, a través de una estructura que operaba desde Santiago, La Vega, Puerto Plata y Santo Domingo.
“Es una investigación que está abierta y que el Ministerio Público continúa levantando evidencias”, dijo Osvaldo Bonilla, fiscal titular de Santiago.
Resaltó que los equipos de fiscales dominicanos investigan esta red hace meses en coordinación con organismos internacionales, “lo que indica que es una operación de gran nivel y con múltiples evidencias como el Ministerio Público ha venido presentando”.
Bonilla indicó que el Ministerio Público optó, en un ejercicio de objetividad, “por someter a los imputados que entiende tienen la vinculación suficiente para lograr medida de coerción y por supuesto algunos continúan bajo la lupa de la investigación”.
La Operación Discovery se desarrolló esta semana producto de una rigurosa investigación dirigida por el Ministerio Público con el apoyo del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional, y con la cooperación del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
“Están dadas todas las condiciones que exige la norma para que se declare la complejidad del proceso, desde la pluralidad de víctimas, los tipos penales endilgados y la cantidad de imputados”, resaltó el fiscal Osvaldo Bonilla.
Transacciones millonarias
Osvaldo Bonilla indicó que el Ministerio Público posee múltiples evidencias de transacciones millonarias, alrededor de 30 vehículos de alta gama, armas de fuego de alto calibre, y más de 300 equipos electrónicos incluyendo computadoras y celulares.
Además de estos delitos, en adición se le acusa a los imputados Sucre Rafael Rodríguez Ortiz y Máximo Miguel Mena Peña de violación al artículo 66, párrafo V, de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
En tanto que al imputado Emmanuel Castro Ozuna se le adicionan cargos por violación a los artículos 4 letra D, 6 letra A, y 75 párrafo 2 de la Ley 50-88 sobe Drogas y Sustancias Controladas. Se le indilga también la violación al artículo 66, párrafo V y el 70 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
El expediente refiere que el imputado Víctor Manuel Hernández también enfrenta cargos por violación a los artículos 4, letra D, 4, letra A y el 75 párrafo 2 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
