Santo Domingo. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso prisión preventiva y domiciliaria, así como garantías económicas a los vinculados a la red de corrupción administrativa que sustrajo fondos públicos aprovechándose del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y que fue judicializada a partir de la Operación Cobra 2.0-A.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, calificó la decisión como un reconocimiento a la investigación realizada por el Ministerio Público.
“Hay tres puntos que quiero tocar de este proceso: En primer lugar, este es un proceso del que debemos aprender. Y, quiero aprovechar, para exhortar a los médicos a que no presten sus códigos”, dijo Camacho en respuesta a preguntas de la prensa que lo abordaron luego de que se diera a conocer el fallo.
La prisión preventiva fue impuesta a Angeury Guzmán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Wander Díaz y Juan Henry Poueriet, quienes deberán cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, del municipio San Antonio de Guerra. También, a Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista, quienes deberán cumplir la medida de coerción en el CCR Najayo Mujeres, por 18 meses.
La revisión obligatoria de la medida de coerción fue fijada para el 22 de diciembre del año 2026.
Imputados
El arresto domiciliario se impuso a los imputados Heidy Coronado, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Víctor Felipe Rodríguez García y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Además, fue impuesta una garantía económica de 2 millones de pesos, a través de compañía aseguradora, impedimento de salida y arresto domiciliario contra Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Keila Beatriz Acosta Leonardo y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
En tanto que a Martha María Saldaña Saldaña le fue impuesta una garantía económica de tres millones de pesos a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país y arresto domiciliario.
Igualmente, una garantía económica de un millón de pesos a través de una compañía, impedimento de salida y presentación periódica fueron impuestas a José Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré.
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso las medidas de coerción.
El Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será el tribunal control de este proceso.
El pasado viernes el juez Rigoberto Sena se reservó el fallo para este domingo, 27 de septiembre, quedando las partes convocadas para las 7:00 de la noche. La audiencia donde se dio a conocer el fallo este domingo inició pasadas las 9:00 de la noche y concluyó alrededor de las 10:00 de la noche.
El proceso judicial
Respecto al SeNaSa, el Ministerio Público arrestó el pasado año con la Operación Cobra a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de esa ARS, así como a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
Con la judicialización de los imputados el Ministerio Público procura sanciones penales y el decomiso de miles de millones de pesos sustraídos al Estado dominicano.
Al grupo se le imputa cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
El órgano acusador indicó que se trata de un esquema de corrupción sistemático instalado por el director ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de salud, en perjuicio del Estado dominicano.
