Santo Domingo. La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, presentó en Washington, Estados Unidos, los avances e iniciativas que impulsa el país para modernizar el Ministerio Público, fortalecer la persecución penal y garantizar un acceso más efectivo a la justicia.
Reynoso participó en el Foro sobre Derecho, Justicia y Desarrollo (LJD, por sus siglas en inglés), organizado por el Grupo Banco Mundial los días 2 y 3 de noviembre, un espacio de intercambio que congregó a procuradores generales y ministros de Justicia para debatir sobre reformas legales capaces de fortalecer la seguridad jurídica, reducir las barreras burocráticas y generar condiciones favorables para el desarrollo y la inversión privada.
Durante el encuentro, la procuradora general, quien encabezó la delegación dominicana, expuso las iniciativas que desarrolla su gestión para transformar y optimizar el funcionamiento del Ministerio Público, así como los avances alcanzados en materia de investigación y persecución penal estratégica y la lucha contra el crimen organizado.
También, abordó las acciones dirigidas a acercar los servicios de justicia a las comunidades a través del modelo de Fiscalía Comunitaria, con el propósito de garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y acceder a una respuesta institucional efectiva en todo el territorio nacional.
Reformas del sistema penal
La delegación dominicana destacó que uno de los principales ejes de la estrategia del país ha sido la planificación para hacer efectivas las reformas del sistema penal, mediante la actualización y fortalecimiento de su marco normativo. Entre las iniciativas más relevantes figuran el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley de Extinción de Dominio, la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y la Ley de Bienes Incautados, instrumentos fundamentales para dotar al Estado de mayores capacidades institucionales frente a la criminalidad y garantizar una administración de justicia más eficiente y acorde con los desafíos actuales.
Asimismo, se presentaron los resultados de las más de 38 operaciones desplegadas contra el crimen organizado, la conformación de una Red Nacional de Abogados Representantes de Víctimas, con presencia en los 37 distritos judiciales del país, y la expansión de las fiscalías comunitarias y las unidades de atención integral a víctimas de violencia de género, intrafamiliar y sexual. Estas iniciativas responden a una visión de transformación institucional que coloca a las personas en el centro de las actuaciones del Ministerio Público, acercando los servicios de justicia a las comunidades, fortaleciendo la protección de las víctimas y garantizando respuestas oportunas y efectivas a la ciudadanía.
