Santo Domingo. El Ministerio Público afirmó este lunes que está preparado para sustentar ante la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el recurso interpuesto contra la sentencia que, pese a declarar penalmente responsable a Wander Samuel Franco Aybar por abuso sexual y psicológico en perjuicio de una adolescente, le concedió un perdón judicial que lo exime del cumplimiento de una sanción penal.
La audiencia para conocer el recurso de apelación fue fijada para este martes 22 de septiembre de 2026, a las 9:00 de la mañana, ante la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata.
La apelación fue presentada por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Puerto Plata contra la Sentencia Penal núm. 272-02-2026-SSEN-00149, emitida por el Tribunal Colegiado Ad Hoc del Distrito Judicial de Puerto Plata, que declaró culpable a Wander Franco por violación a las disposiciones del artículo 396, literales b y c, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), relativas al abuso sexual y abuso psicológico de una persona menor de edad, pero posteriormente le otorgó un perdón judicial.
El Ministerio Público sostiene que dicha decisión constituye una incorrecta aplicación de la ley y resulta incompatible con la gravedad de los hechos acreditados por el propio tribunal.
Responsabilidad del acusado
“Estamos preparados para demostrar ante la Corte de Apelación de Puerto Plata las falencias de la sentencia recurrida y la incorrecta aplicación de la norma al conceder un perdón judicial a una persona cuya responsabilidad penal por abuso sexual infantil fue establecida y completamente probada durante el juicio”, expresó el magistrado Claudio Alberto Cordero Jiménez, procurador fiscal a cargo de la litigación del caso.
El recurso de apelación fue presentado por los magistrados Ramona Nova Cabrera, Kelmi Ricardo Duncan Torres, Claudio Alberto Cordero Jiménez, José Martínez Montán y Olga Diná, quienes sostienen que la decisión impugnada incurre en una errónea interpretación de la figura del perdón judicial, concebida por el legislador para situaciones excepcionales que, a juicio del órgano persecutor, no concurren en el presente caso.
Los representantes del Ministerio Público consideran que la propia sentencia estableció la responsabilidad penal del acusado por abuso sexual y abuso psicológico en perjuicio de una adolescente, por lo que la exención total de pena resulta incompatible con la naturaleza, gravedad y trascendencia social de los hechos juzgados.
