Santo Domingo. El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Andrés Jáquez Liranzo, recordó hoy que el país se encuentra en un importante y necesario proceso de reforma a su marco jurídico electoral, el que calificó como un componente neurálgico para el desarrollo y la sostenibilidad de la democracia.
Este razonamiento lo hizo durante su conferencia “La necesidad de la reforma electoral: aspectos relevantes” en el marco del XIX Congreso Latinoamericano que se llevó a cabo desde el 8 al 10 de julio en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX).
Jáquez Liranzo señaló que es urgente que la aprobación de las propuestas de modificación a las leyes electorales, ya que resultan ser primordiales para el diseño de un sistema electoral que permita la realización de elecciones conforme los parámetros internacionales de buenas prácticas.
“Estamos conscientes que las reformas electorales son decisiones políticas, pero el liderazgo que las decide debe entender y priorizar la democracia y el desarrollo de su sistema electoral por encima de individualidades coyunturales, porque la reforma que se necesita no es de parches, es de futuro e integral”, añadió el presidente de la JCE.
Manifestó que unas “elecciones inclusivas, limpias y competitivas requieren de un marco jurídico adecuado y que sea la consecuencia de un amplio consenso de los actores políticos.
“Entendemos que la próxima legislatura es el tiempo límite razonable para que el Congreso Nacional lleve a buen puerto lo que se ha propuesto. Para ello hay insumos suficientes con la propuesta de la JCE y de los trabajos del Consejo Económico y Social (CES) a través de la mesa de reforma electoral donde la máxima autoridad administrativa electoral tuvo un papel de principalía como co-coordinadora y anfitriona bajo la representación del magistrado Chami Isa”, expresó Jáquez Liranzo.
JCE presentó propuestas
Jáquez Liranzo recordó que la JCE, como máxima autoridad en materia de administración y organización de los procesos electorales, presentó y entregó a las organizaciones políticas, sociedad civil, y posteriormente al Congreso Nacional la propuesta de modificación de más de 120 artículos de las leyes 15-19 de Régimen Electoral y 33-18 de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas.
“Estas propuestas que hemos presentado resultan ser un abordaje integral del sistema electoral. No se trata de un mero antojo, sino la derivación lógica de un trabajo de investigación, estudio y diagnóstico de ambas normas por parte de un grupo de profesionales de la JCE con años de experiencia en la materia bajo la supervisión del magistrado Samir Rafael Chami Isa”, dijo.
En esta conferencia el presidente de la Junta se centró en abordar algunos aspectos que contempla la propuesta presentada por el órgano electoral, como lo relativo a la temporalidad de las precampañas y campañas, así como los topes de gasto de precampaña y campaña de las precandidaturas y candidaturas.
Debates electorales
Con relación a los debates electorales, señaló que la jurisdicción electoral local ha establecido que las realizaciones de debates electorales fortalecen la democracia y propician la construcción de un electorado más vinculado al discurso político que plantean los distintos actores del sistema.
Se propone la obligatoriedad a cargo de la JCE de organizar debates, particularmente para la elección presidencial, convocando a las candidaturas de las organizaciones políticas que postulen en el nivel presidencial para que participen del mismo.
Paridad política
Sobre las propuestas relativas al principio de paridad, dijo que se propone que las listas de candidaturas a cargos de elección popular en circunscripciones plurinominales (diputaciones, regidurías y vocalías) estén integradas por 50 % de mujeres y 50 % de hombres.
“No obstante, somos de opinión de que la paridad, que no es una cuota sino un principio constitucional inherente al principio de igualdad, en virtud del cual se debe garantizar la participación equitativa de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, es una condición necesaria, pero no suficiente”, dijo.
Manifestó que “el Estado dominicano tiene una deuda con la mujer política que está obligado a pagar: ese pago es la paridad”.
