Santo Domingo. El Ministerio Público presentó nuevos testigos en la continuación del juicio contra los acusados de integrar el entramado de corrupción administrativa desmantelado con las operaciones Coral y Coral 5G, con lo que asegura los imputados exhiben un patrimonio que no pueden justificar legalmente.
En la audiencia de este martes, como parte de sus pruebas testimoniales el Ministerio Público presentó una perito de la Cámara de Cuentas que estableció que el oficial Adán Cáceres Silvestre presenta un enriquecimiento injustificado de más del 100% en sus declaraciones juradas.
El fiscal litigante Jonathan Pérez, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que también fue presentada como testigo una cajera de la sucursal del Banco de Reservas donde se hacían todas las operaciones del entramado, quien estableció que las transacciones se hacían por instrucciones de la acusada Esmeralda Ortega Polanco, quien se desempeñaba como gerente de la entidad financiera.
Con esa prueba testimonial quedó establecido que Ortega Polanco violaba los protocolos internos del área de caja para favorecer a la estructura dirigida en la parte financiera por el coronel de la Policía Rafael Núñez De Aza.
Pérez dijo que también presentaron los testimonios de los auditores de la Cámara de Cuentas, estableciendo la primera de estas las omisiones que presenta Juan Carlos Torres Robiou en su patrimonio y el de su esposa Greybby Cuello Coste.
En ese mismo orden, detalló que también se presentó la perito que realizó el análisis de la declaración jurada de Julio Camilo de los Santos Viola, estableciéndose, igualmente, un enriquecimiento injustificado. Indicó que el oficial adquirió más de 20 inmuebles en el año 2022, sin justificación alguna.
“A la fecha se han presentado 306 testigos de 438”, destacó el Ministerio Público representado en audiencia por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y los fiscales Jonathan Pérez, Miguel Collado, Enmanuel Ramírez, Melbin Romero y Arolin Lemos.
El entramado de corrupción administrativa, que estafó al Estado con más de RD$4,500 millones de pesos, fue desmantelado con las operaciones Coral y Coral 5G.
