Santo Domingo. El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó para el próximo 29 de marzo, a la 1:00 de la tarde, la audiencia para la revisión obligatoria de las medidas de coerción a los imputados del caso Coral 5G.
El procurador adjunto Wilson Camacho explicó que la revisión de Coral 5G se aplazó como consecuencia del pedimento de varios miembros de las defensas para que se les notifiquen las evidencias adicionales que presentó el Ministerio Público y para que se les notifique la querella que presentó la barra del Estado en este caso.
El funcionario judicial sostuvo que el Ministerio Público depositó nuevas evidencias que reafirman las imputaciones por corrupción administrativa contra los procesados en el Caso Coral 5G.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) señaló que “nosotros depositamos varios documentos, algunos interrogatorios, algunas evidencias que dan muestra de la vinculación de los imputados con el proceso y de cómo ha ido avanzando el proceso, y además de que no hay razón para que este tribunal varíe las medidas de coerción que se han impuesto hasta este momento”.
También dijo que, por decisión del tribunal, si alguna de las barras de la defensa deposita documentación deberán notificarla al Ministerio Público.
Respecto a la petición a los tribunales de una posible fusión de los casos Coral y Coral 5G, indicó que “es una decisión que está sobre la mesa, pero que todavía no tomamos”. Añadió que una solicitud de esa naturaleza va a depender de muchos factores, “incluso de la posibilidad de si un caso puede retrasar a otro”.
“Pero hay algo cierto, estos casos son conexos, uno es la continuación del otro”, añadió.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso en diciembre pasado medidas de coerción a 13 vinculados por el Ministerio Público a la red de corrupción administrativa del Caso Coral 5G y declaró el proceso de tramitación compleja.
La prisión preventiva por 18 meses les fue impuesta a los generales Boanerges Reyes Batista (ARD) y a Juan Carlos Torres Robiou (FARD), mientras que en otra audiencia recibió la misma medida el general Julio Camilo De los Santos Viola (FARD).
Por disposición del tribunal también cumple prisión preventiva el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD).
Según el Ministerio Público, la red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos.
