Santo Domingo. El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso ayer 18 meses de prisión preventiva contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S.; y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT, quienes deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres.
Asimismo, la jueza Fátima Veloz dispuso que Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del INTRANT, cumpla arresto domiciliario; mientras que, a Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del INTRANT, se le impuso una garantía económica de 2 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
En cuanto a los acusados Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del INTRANT, y Carlos José Peguero Vargas, se les impuso una garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida y presentación periódica como medida de coerción.
La jueza también admitió el pedimento del Ministerio Público de declarar el caso complejo. Veloz fijó la revisión obligatoria de las medidas para el 9 de enero de 2025.
La investigación del Ministerio Público, que la ha denominado Operación Camaleón, se centra en una supuesta red de corrupción relacionada con una licitación para la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, que adjudicó más de 1,317 millones de pesos a la empresa Transcore Latam, de Jochi Gómez.
Las irregularidades incluyen acusaciones de terrorismo, espionaje, crimen organizado, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito y desfalco.
«La verdad sobre la mentira»
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, valoró como “el triunfo de la verdad sobre la mentira” la decisión de la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Mencionó que se encontraron evidencias de que los imputados estaban vigilando a miembros del sistema de justicia, lo que impulsó la decisión judicial, contrario a los alegatos de la defensa.
Camacho también advirtió sobre nuevas líneas de investigación que podrían resultar en la imputación de más personas. “Ahora nos enfocaremos en seguir recabando evidencias y explorar nuevas líneas de investigación que podrían llevar a la identificación de nuevos imputados”, afirmó.
Los imputados son acusados de formar parte de una red de corrupción y crimen organizado, involucrados en delitos como desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.
Defensa de Beras
Laura Acosta, miembro de la barra de la defensa de Hugo Beras, dijo que es evidente que en este caso hay «intereses sumamente grandes» que escapan a su defendido y a sus abogados.
La abogada litigante manifestó al salir de la sala de audiencias que, aunque respetan la decisión, no la comparten, por lo que van a recurrir en apelación.
Consideró que Hugo Beras es un «chivo expiatorio» en esta alegada trama.
«Esto es un golpe duro ahora, pero él no tiene por qué bajar la cabeza, porque no tiene nada de qué reprocharse desde el punto de vista penal», afirmó la jurista.
