Santo Domingo. El Ministerio de la Mujer externó una serie de recomendaciones que presentará a una comisión especial de la Cámara de Diputados, con el fin de que en la modificación a la Ley No. 15-19 del Régimen Electoral se asegure la igualdad y la equidad de género contenidas en el artículo 39.
La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, señaló como imprescindible asegurar la paridad en consonancia con la Constitución, la cual exige de los poderes del Estado promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control.
Jiménez manifestó que el logro de la paridad en todos los puestos de elección popular es una de las metas contempladas en la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y es una herramienta para garantizar la plena participación política de las mujeres.
La ministra Jiménez enfatizó que al no contar con un dispositivo legal específico que defina y sancione la violencia política, las mujeres se enfrentan a distintos obstáculos para acceder a puestos de elección popular en condiciones de igualdad.
Consideraciones del Ministerio de la Mujer
- Incluir un artículo específico sobre paridad de género en el que se establezcan claramente la forma y mecanismos de escogencia de las y los candidatos a puestos de elección popular, así como la permanencia y vacancia de dichos puestos.
- Respetar en todo momento el principio de paridad de género, cincuenta por ciento (50 %) de mujeres y cincuenta por ciento (50 %) de hombres en todas las demarcaciones y que se establezca responsabilidad civil administrativa a la inobservancia de esta. La paridad deberá ser aplicada de forma vertical y horizontal en la presentación de candidaturas por parte de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.
- Es importante reiterar lo que ya ha sido determinado por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Superior Electoral: la aplicación de la cuota de género debe observarse en cada demarcación electoral; no en la propuesta nacional de cada partido. Lo contrario constituiría una transgresión al principio de progresividad, al derecho a la participación política de las mujeres y al derecho a la igualdad y la equidad de género.
- Incluir, definir y sancionar la violencia política contra las mujeres dentro de las infracciones administrativas electorales, entendida como toda acción orientada a menoscabar o anular, de manera directa o indirecta, el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres mediante la realización o promoción de actos, conductas u omisiones que constituyan formas de violencia basada en género.
- Incorporar dentro de la propaganda prohibida en la precampaña y en la campaña electoral la divulgación o difusión de imágenes, mensajes o información, por cualquier medio físico o virtual, que transmitan y/o reproduzcan estereotipos de género basados en relaciones de dominación, desigualdad y discriminación contra las mujeres.
- Reducir los topes en los gastos de campaña y establecer mecanismos explícitos de fiscalización de estos.
- Explicitar, además, que la inversión de los recursos del Estado para apoyar candidaturas a puestos de elección popular en todo el territorio nacional deberá distribuirse atendiendo a la paridad de género.
- Asegurar que en todo el texto de la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral quede explícito el enfoque de igualdad y equidad de género.
