Santo Domingo. El Cuarto Juzgado de la Instrucción rechazó la acción de amparo con la que el imputado Jean Alain Rodríguez Sánchez pretendía que el Ministerio Público dejara de utilizar el nombre de “Operación Medusa”, con el cual denomina el caso en que es acusado de actos de corrupción durante su gestión en la Procuraduría General de la República.
Tras conocer el fallo, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), ponderó la decisión de la jueza Altagracia Ramírez respecto a la acción de amparo con la que Rodríguez Sánchez también pretendía que los medios informativos borraran de sus portales digitales el nombre “Operación Medusa” y, además, se abstuvieran de utilizarlo en el futuro.
“En el día de hoy este tribunal ha decidido, de manera correcta y en base a derecho, que el Ministerio Público no afecta ningún derecho fundamental cuando pone nombres a sus operaciones”, sostuvo Camacho.
“Ha entendido el tribunal, tal y como se lo planteó el Ministerio Público, que el nombre que ponemos en cada una de las operaciones, identifica a esa operación y que no hace referencia de manera particular a ninguno de los integrantes (de los expedientes sometidos a la justicia)”, añadió.
Resaltó que el Ministerio Público incluso se cuida en la difusión de algunos alias que pudieran ser ofensivos. Deploró que la acción de amparo procuraba incluso, conforme al escrito, que el Ministerio Público pidiera disculpa al imputado.
“Hemos dicho en más de una ocasión que nosotros somos celosos del respeto del debido proceso y así es como procedemos”, indicó.
El exprocurador Rodríguez Sánchez enfrenta cargos criminales por encabezar una red de corrupción entre 2016 y 2020, cuando se desempeñó como procurador general de la República.
El órgano persecutor de la corrupción administrativa les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, entre otras normas jurídicas.
