Santo Domingo. La audiencia de revisión obligatoria de las medidas de coerción a los implicados del Caso Medusa se aplazó hoy una vez más debido a la defensa que “rehúye a su conocimiento”, aseguró el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
La jueza Altagracia Ramírez de la Cruz, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acogió el pedimento de las defensas y aplazó para el martes 22 de febrero, a las 11:00 de la mañana, la audiencia para la revisión obligatoria de las medidas de coerción a varios de los imputados arrestados a raíz de la Operación Medusa y que llevó a la apertura de un expediente encabezado por el ex procurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez y varios funcionarios de su entorno.
“Nosotros hemos venido listos a cada una de estas audiencias, estamos listos hoy y estaremos listos el próximo martes, que ha fijado el tribunal como fecha para conocer esta audiencia”, apuntó Camacho.
Explicó que los abogados de las defensas hicieron referencia a un recurso que una de las partes tiene en la corte, “que le dice al tribunal que va a desistir, pero nosotros no tenemos ninguna constancia de eso, y por eso nos opusimos en el tribunal, con el interés de que se conociera la audiencia, pero el tribunal decidió aplazarla para el próximo martes”.
Además del exprocurador Rodríguez Sánchez por el caso también es procesado el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación de la Procuraduría, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Alfredo Alexander Solano Augusto y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, quienes cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y rehabilitación de Najayo Hombres, en San Cristóbal.
También, Rafael Antonio Mercede Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario, y Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de RD$1 millón en modalidad de contrato, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
El caso involucra también a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del procurador Rodríguez Sánchez, quien fue arrestado el pasado año en España y solicitada su entrega a la República Dominicana para que responda por los hechos de corrupción que se les imputan.
Según consta en el expediente, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
