Monte Plata. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Monte Plata impuso tres meses de prisión preventiva contra un hombre y una mujer encargados de un orfanato, imputados de abuso y violación sexual en contra de menores de edad bajo su cuidado.
El tribunal fijó la medida de coerción en contra de la dominicana Rossana Andújar Santana y del italiano Franchesco Padovani, quienes fungían como coordinadora y encargado del hogar “Proggeto Esperanza”, en el distrito municipal de Boyá, de este municipio.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Zaida Vásquez, directora de la Unidad de Atención a Víctimas de Monte Plata, y María Elena de Jesús, procuradora fiscal titular interina de Niños, Niñas y Adolescentes en la localidad, mostró en el tribunal elementos que comprometen la responsabilidad de los imputados sobre los hechos atribuidos.
El tribunal ordenó que Andújar Santana cumpla la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal, y Padovani, en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Monte Plata.
En la intervención realizada por el Ministerio Público, a través de la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, en coordinación con la Policía Nacional y la Unidad de Atención a las Víctimas de la provincia Monte Plata, fueron rescatados los niños y adolescentes albergados en el centro.
Los estudios médicos y psicológicos realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) permitieron encontrar evidencias de abuso físico y sexual en contra de varios infantes y adolescentes. La población interna del orfanato quedó ahora bajo protección del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Esta casa de acogida continuará cerrada temporalmente, por disposición del tribunal, mientras el Ministerio Público continúa ampliando su investigación respecto a este caso.
Explotación laboral infantil en Monte Cristi
En una acción conjunta de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y el Ministerio de Trabajo, fueron arrestadas siete personas en esta provincia por su vinculación a la explotación laboral infantil en perjuicio de al menos 14 víctimas.
Durante la operación fueron arrestados mediante orden judicial Richard Mora Tapia (Uribe), Wilian Cabreja Pimentel, Juan Antonio Muñoz (Papito), Noel Tapia, José Miguel Arias Muñoz, Ana María Alemán Zapata y Elbio Báez Sosa, quienes están involucrados en la explotación laboral de los menores con edades entre los 8 y 15 años.
En la operación también participó la Fiscalía de Montecristi, así como miembros de la Policía Nacional, la Dirección de Niños, Adolescentes y Familia (DINAF) y la Dirección General de Migración.
La solicitud indica que las víctimas, de sexo masculino, eran utilizadas para labores en fincas sembradas de arroz en corte, ubicadas en los municipios Castañuelas y Villa Vásquez, donde cumplían un horario de 6:00 de la mañana a 7:30 de la noche, recibiendo como pago RD$300 diarios.
Mediante un comunicado de prensa se informó que el grupo fue arrestado luego que las autoridades pudieran confirmar informaciones recibidas en el sentido de que en esta provincia se habían identificado situaciones importantes de explotación de trabajo infantil, donde niños eran utilizados para recoger el arroz en caballos, de forma inhumana.
La jueza Javierka Gómez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Montecristi, ayer aplazó para este sábado, a las 3:00 de la tarde, el conocimiento de la medida de coerción del Ministerio Público en contra de los encartados.
El Ministerio Público le atribuye al grupo la violación de varios artículos de las leyes Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, la Ley 136-03, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, y la Ley 16-92, del Código de Trabajo.
Resaltó que cuenta con distintas pruebas documentales y testimoniales en contra de los imputados y dijo que la medida más idónea a imponer en este caso es la prisión preventiva por la gravedad de los hechos, por los cuales podrían enfrentar penas de 15, 20 y hasta 25 años de prisión.
