Santo Domingo. El Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional aplazó ayer para el próximo viernes 25 de agosto, a las 9:00 de la mañana, el inicio de la audiencia preliminar en contra de los imputados en la red que explotaba sexualmente a mujeres provenientes de Sudamérica desmantelada en el Caso Catleya.
El juez Raymundo Mejía, titular del tribunal, quien está apoderado del expediente con el que el Ministerio Público imputa a miembros de esta red que tenía alrededor de un año operando en el país, tomó la decisión, luego de que cuatro de los implicados no fueron trasladados a la audiencia desde los centros penitenciarios donde cumplen la prisión preventiva.
“El tribunal aplazó la audiencia para el viernes 25 agosto del año en curso, debido al no traslado de cuatro coimputados que fueron debidamente requeridos a sus recintos carcelarios y nos fueron trasladados”, reveló el procurador fiscal Eduardo Velázquez.
El fiscal adscrito a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público también explicó que el tribunal rechazó a las defensas técnicas de los imputados la reposición de plazos, debido a que estos fueron notificados sobre la acusación y los elementos de prueba, dándoles un plazo de 30 días, el cual venció el viernes pasado.
Velázquez señaló que el juez estableció los días viernes 25, lunes 28 de agosto y viernes 1 de septiembre para iniciar con la lectura de la acusación.
El jurista indicó que hubo una revisión a solicitud del coimputado José Miguel Michel Guridis (Michel), la cual el juez fusionó y será conocida el próximo viernes 11 conjuntamente con la revisión oficiosa.
Allanamientos
El Ministerio Público puso en marcha el jueves 4 de agosto de 2022 la operación Cattleya con decenas de allanamientos en el Distrito Nacional y Bávaro, producto de una investigación con la que desarticuló redes transnacionales dedicadas a la trata de personas con el fin de explotarlas sexualmente y con la que rescató a más de 80 mujeres víctimas de Suramérica.
En el transcurso de la investigación el Ministerio Público ha establecido que las víctimas eran sometidas a explotación sexual, al ofertarlas por distintas tarifas para provecho económico de la organización criminal.
En agosto del año 2022, la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Tratas de Personas (Pett), logró que la jueza Kenya Romero, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictara 18 meses de prisión preventiva contra 11 implicados en el caso Catleya. También que el caso fuera declarado complejo.
El proceso también involucra a los hoteles Caribe y Oscar, del sector Gascue, del Distrito Nacional, y Coco Real, de Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia.
