Estados Unidos. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y la fiscal general del estado, Letitia James, demandaron a la administración Trump con el objetivo de proteger un nuevo conjunto de leyes estatales sobre rendición de cuentas en materia de inmigración y operaciones policiales.
Las autoridades estatales solicitan al tribunal que declare la legalidad de estas disposiciones e impida que la administración federal interfiera con la autoridad de Nueva York para proteger la seguridad pública, promover la transparencia y regular el uso de los recursos estatales y locales.
Una de las leyes, que entrará en vigor este viernes, prohíbe a los agentes de policía locales, estatales y federales ocultar su identidad con máscaras al interactuar con el público. La medida también exige que todos los agentes muestren una identificación clara y visible, así como la información de su departamento.
Otra de las disposiciones incluidas en el paquete legislativo es la Ley de Policías Locales y Delitos Locales, que prohíbe que los gobiernos locales y las agencias policiales celebren acuerdos para operar como agentes de inmigración o detener a personas únicamente por infracciones federales de inmigración civil.
La ley también impide el uso de subsidios públicos para centros de detención de inmigrantes civiles.
De acuerdo con el comunicado, luego de la aprobación del paquete legislativo en Nueva York, la administración federal prometió atacar la legislación. La semana pasada notificó al estado su intención de demandar y solicitar medidas cautelares de emergencia antes de que la ley entre en vigor.
Amenazas del zar fronterizo
El texto también indica que el zar fronterizo de la Casa Blanca, Thomas Homan, amenazó con un despliegue masivo de agentes federales de inmigración para castigar a Nueva York por la promulgación de esas leyes.
“Portar una insignia conlleva la responsabilidad de mantener la confianza pública. Los neoyorquinos merecen saber quién hace cumplir la ley en sus comunidades y tener la seguridad de que los recursos locales se están utilizando para proteger la seguridad pública, no para intimidar ni para promover los intereses de una agencia federal deshonesta”, declaró Hochul.
La gobernadora agregó que las leyes reflejan los valores de Nueva York y que no permitirán que nadie los obligue a abandonarlas.
La fiscal general Letitia James sostuvo que, al ocultar sus rostros y negarse a usar identificación, los agentes federales de inmigración ponen en peligro a los neoyorquinos y evaden de manera intencional la rendición de cuentas.
“Nuestras comunidades no deberían vivir con el temor de desaparecer a manos de agentes enmascarados no identificados. Si el gobierno federal pretende desafiar descaradamente nuestras leyes, lucharemos con uñas y dientes en los tribunales para garantizar la transparencia y la seguridad de todos los neoyorquinos”, expresó James.
El comunicado señala que agentes federales de inmigración enmascarados han actuado en comunidades de todo el país como parte de la agenda de deportación masiva del gobierno federal. Indica que estos agentes, en ocasiones, no se han identificado claramente durante las operaciones de control, lo que ha generado temor, afectado la confianza pública y aumentado el riesgo de que personas malintencionadas se hagan pasar por agentes del orden.
También sostiene que el uso de agentes enmascarados y no identificados ha dificultado que los residentes sepan quién actúa en nombre de la ley, denuncien malas conductas y exijan responsabilidades ante posibles abusos de autoridad.
Como ejemplo, el comunicado menciona una operación en Canal Street, en la ciudad de Nueva York, donde agentes enmascarados, según el texto, aterrorizaron a residentes y crearon caos en la comunidad.
Nueva York promulgó estas leyes para responder a esa amenaza y proteger los derechos de los neoyorquinos durante las operaciones federales de control migratorio.
Hochul y James argumentan que el estado tiene el derecho soberano, amparado por la Décima Enmienda, de promulgar leyes para proteger la seguridad pública, promover la transparencia y regular la conducta dentro de sus fronteras.
Ambas autoridades solicitan al tribunal que declare que los esfuerzos de la administración Trump para impedir la aplicación de las nuevas protecciones migratorias del estado violan la Décima Enmienda. También piden que se impida a la administración federal emprender cualquier acción para evitar la aplicación de dichas leyes.
