Santo Domingo. El procurador adjunto Wilson Camacho reafirmó este viernes que la Operación Antipulpo arroja una acusación blindada, al destacar que durante la audiencia preliminar los fiscales han aportado más de 3,000 pruebas en contra de los procesados por sustraer miles de millones de pesos a todos los contribuyentes.
“Hemos demostrado, no con argumentos, nosotros hemos demostrado con evidencias, que Operación Antipulpo es una acusación blindada y las defensas han venido con carabinas vacías y, por vía de consecuencia, habrá de suceder lo que nosotros hemos predicho, que este caso debe recibir auto de apertura a juicio para todos aquellos acusados que no han llegado acuerdos”, expuso el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ante la prensa que lo abordó a la salida de la audiencia preliminar que se conoce en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Con relación a los que han llegado a acuerdos, dijo que debe resolverse ese tema en esta audiencia y que debe dictarse sentencia condenatoria con relación a los abreviados y suspensión condicional del procedimiento con relación a la persona que se acogió a este tipo de soluciones.
Resaltó que en el caso de las más de tres mil pruebas presentadas todas las defensas tienen que admitir que son suficientes y que se obtuvieron respetando los derechos fundamentales de los procesados. “Y los casos se ganan con pruebas”, reafirmó. “Este caso tiene pruebas más que suficientes, no solo para ir a juicio, sino para en juicio tener una sentencia condenatoria”, añadió.
El titular de la Pepca dijo que “dependiendo del tiempo que le dedique el tribunal a este proceso, es muy probable que estemos terminando el próximo mes”.
Por razones de espacio la audiencia fue realizada en la sala del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. El proceso por corrupción administrativa se sigue contra Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez, ex vicepresidenta del Fondo Patrimonial para las Empresas Reformadas (Fonper), ambos hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como de otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.
