Santo Domingo. La empresa Agroforestal Macapi, S.A. y el empresario Manuel Castillo Pimentel recibieron una medida de coerción consistente en una garantía económica de dos millones de pesos debido a que la compañía, que se dedica a la producción de aguacate, removió material de la corteza terrestre y causó daños forestales en Loma Redonda, de San José de Ocoa.
La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) sometió a la Justicia a Castillo Pimentel, propietario de esa finca, imputado de violar, entre otras normas, varios artículos de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00).
El Juzgado de Instrucción de San José de Ocoa le impuso la medida coerción con base en las evidencias aportadas por el Ministerio Público.
La Proedemaren responsabiliza a Castillo Pimentel y a su empresa de cometer delitos ambientales consistentes en remover material de la corteza terrestre, sin contar con un plan de remediación.
Como parte de las investigaciones, y en respuesta a la solicitud de esa procuraduría especializada, la Academia de Ciencias de la República Dominicana rindió un informe sobre el impacto de las actividades ilegales de la empresa y concluyó que la finca Macapi incurrió en remover la superficie del suelo de la ladera, sin un plan aprobado en los términos del artículo 62 de la Ley 64-00.
“Las labores observadas en la ladera intervenida tendrán un efecto erosivo tan pronunciado que producirán un proceso de aridización del área a mediano plazo”, detalla la entidad.
De acuerdo con el informe, el daño ambiental provocado “permite predecir, con toda certeza, que el torrente provocará cárcavas que arrojarán rocas de todos los tamaños aguas abajo, amenazando la estabilidad de la infraestructura de la finca, y hasta las vías de acceso propias de la comunida”.
