Santiago. El Ministerio Público continuará este miércoles la presentación de la medida de coerción contra 39 integrantes de la red del crimen cibernético que estafó a cientos de ciudadanos estadounidenses a los que despojó de cuantiosos recursos económicos, usurparon identidades y vulneraron su seguridad e integridad.
Así lo resaltó la fiscal Sourelly Jáquez, quien explicó que el Ministerio Público ha compilado y depositado ante el tribunal cientos de elementos de pruebas que vinculan estrechamente a los encartados con la estructura mafiosa que acumuló millonarios bienes materiales y en efectivo.
Jáquez se refirió al tema al ser abordada por periodistas, luego de que la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, Yiberty Polanco, recesó la audiencia hasta el próximo miércoles, a las 11:00 de la mañana, tiempo en que el Ministerio Público continuará con la presentación de las pruebas del proceso.
La fiscal refirió que los encartados aprovechaban el estado de vulnerabilidad de sus víctimas, muchas con edades de entre 80 y 95 años, para estafarlos con historias falsas en las que les hacían creer que nietos o hijos habían sufrido accidentes de tránsito y, tras someterlos a sus presiones, les hacían desprenderse de altas sumas de dinero.
Confió en que el tribunal validará la contundencia de las pruebas recolectadas durante meses en el curso de la investigación y destacó que la mayoría de imputados tiene procesos penales por asesinatos, narcotráfico, violencia y otros delitos, además de las evidencias obtenidas que prueban que pertenecen a una organización criminal que se autoidentifica bajo un nombre.
Al grupo se le imputa los tipos penales descritos y sancionados en los artículos 14 y 15 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que sancionan la obtención ilícita de fondos y la estafa a través de medios informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones.
Además, se les imputan los artículos 2, numerales 1, 2, 3 y 4, así como el 4 en sus numerales 7, 8 y 9 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos. La acusación sostiene que el grupo transgredió los artículos 59, 60, 258, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que tipifican la complicidad, asociación de malhechores y la usurpación de funciones, así como el 405 del citado código, que instruye sancionar la estafa.
