Santo Domingo. El derecho a un ambiente sano y la sanción al delito en la materia son un mandato de fuerza constitucional, lo que conmina al trabajo coordinado entre instituciones estatales y la sociedad, planteó un panel de expertos, organizado por la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) y la Fundación Equidad y Justicia Social (Fejus).
El impacto del cambio climático en la calidad de vida, el amplio espectro de daños de los delitos ambientales y el ambiente sano como un derecho fundamental, protegido por la Carta Magna y los acuerdos internacionales, guiaron las exposiciones en la conferencia “Constitución y Medio Ambiente”, encabezada por el procurador de corte Francisco Contreras, titular de Proedemaren, y el reverendo Fidel Lorenzo Merán, presidente de Fejus.
“Entendemos que esta es una Constitución ecológica porque tiene las pautas a seguir para la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente y los procedimientos a seguir ante los infractores, a través de mecanismos judiciales”, sostuvo la viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Milagros De Camps.
En ese orden, el procurador general de corte Francisco Contreras, titular de Proedemaren, planteó que es responsabilidad del Estado garantizar el derecho a un ambiente sano, de forma coordinada entre sus diferentes instancias y las organizaciones sociales, para hacer frente a la explotación indiscriminada de los recursos naturales.
El presidente de Fejus planteó que las personas están llamadas a mostrar amor y respeto por el creador y por el prójimo y que la mejor manera de hacerlo es cuidando el medio ambiente. “Debe existir una congruencia entre lo que somos y lo que hacemos”, planteó Lorenzo Merán.
Aportaron sus puntos de vista la directora del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, Mayra Cabral; el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, Max Puig; el defensor del pueblo, Pablo Ulloa; el miembro de la Academia de Ciencias Manuel Bergés y la experta en asuntos ambientales Michela Izzo.
La actividad, que se realizó por segundo año consecutivo en el auditorio Dorothy Van Vleet, de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal, contó con la participación de decenas de personas vinculadas a las instituciones citadas y a las organizaciones que velan por la conservación medioambiental, así como a la institución académica.
Contó con el auspicio del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, la Oficina de Enlace del Poder Ejecutivo con la Comunidad Cristiana y la Universidad Federico Henríquez y Carvajal.
