Santo Domingo. El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional confirmó ayer la prisión preventiva a tres generales de distintos órganos castrenses acusados por corrupción administrativa en el Caso Coral 5G.
“En el día de hoy el tribunal ha mantenido la medida de coerción a la mayoría de los imputados, salvo excepciones, incluso en una de esas excepciones el Ministerio Público estuvo de acuerdo con la variación de la medida por el comportamiento del imputado en este proceso”, destacó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El magistrado Wilson Camacho sostuvo que “en sentido general, el tribunal acogiendo los planteamientos realizados por el Ministerio Público, entendiendo y así lo motivó en la gravedad de los hechos que se imputan, la pena imponible en caso de condena y el gran daño que hay que resarcir al pueblo dominicano con la gran cantidad de dinero que se sustrajo del erario, ha mantenido las medidas de coerción de este proceso en sentido general”.
El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ratificó la prisión preventiva que cumplen por 18 meses los generales Boanerges Reyes Batista (ARD), Juan Carlos Torres Robiou (FARD) y a Julio Camilo De los Santos Viola (FARD).
También, la prisión preventiva impuesta al capitán de navío ARD Franklin Mata Flores y a José Manuel Rosario Pirón.
En tanto que la prisión domiciliaria les fue ratificada a Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez y a Jehohanan Lucía Rodríguez.
En el caso de Yehudy Blandesmil Guzmán, decidió variar la prisión preventiva a domiciliaria e impedimento de salida del país.
Asimismo, respecto a César Ramos Ovalles y a Esmeralda Ortega Polanco, dispuso la variación de domiciliaria a impedimento de salida del país, presentación periódica y una garantía económica de un millón de pesos.
El magistrado Mejía adoptó la decisión durante la revisión obligatoria de la medida de coerción. La próxima revisión obligatoria fue fijada para el 14 de junio del año 2022.
Los imputados cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
El Ministerio Público indica que la red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos.
Precisa que a los oficiales de cuerpos castrenses se les ha ocupado durante las investigaciones unas 125 propiedades.
