Santo Domingo. El presidente Luis Abinader dispuso que el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Miguel Ceara Hatton, y el director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Edward Guzmán, entreguen ante la Procuraduría General de la República un informe que trata sobre graves irregularidades detectadas en Senasa.
El vocero de la presidencia, Félix Reyna, informó que los funcionarios depositarán el informe ante la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, para los fines correspondientes de investigación y actuación del Ministerio Público, conforme al mandato constitucional y legal.
Reyna, titular de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental, enfatizó en que esta acción reafirma el compromiso indeclinable del presidente Abinader con la transparencia, la institucionalidad y la lucha frontal contra la impunidad y la corrupción, sin excepciones ni privilegios, como lo indicó en la pasada edición de LA Semanal con la Prensa.
“Desde el Gobierno reiteramos nuestro respaldo absoluto al presidente Abinader y a su política de cero tolerancia con la corrupción, como un eje central de su gestión desde el primer día”, explicó.
El Gobierno llamó a la tranquilidad de todos los afiliados del Seguro Nacional de Salud, ya que esta acción no afecta en modo alguno la continuidad ni la calidad de los servicios de salud garantizados por SeNaSa.
Reyna aseguró que los servicios se seguirán prestando de manera oportuna, humana y eficiente, como siempre.
“El país puede tener la certeza de que, en la medida en que avancen las investigaciones, será el propio Ministerio Público quien informará con responsabilidad y conforme al debido proceso”, expuso el vocero gubernamental.
Escándalo en el sector salud
Una red de corrupción y contratos irregulares ha puesto al Senasa en una crisis financiera sin precedentes, con un déficit creciente y servicios cada vez más deficientes para millones de afiliados.
Investigaciones oficiales y reportajes periodísticos coinciden en que durante al menos cuatro años se desarrolló un esquema fraudulento que drenó recursos y debilitó la gobernanza de la principal aseguradora pública.
El programa de Julissa Céspedes documentó que más de 4,000 procedimientos médicos fueron autorizados aunque nunca llegaron a realizarse, valiéndose de identidades reales de afiliados. Para dar apariencia de legalidad se utilizaba un “call center paralelo”, operado por exempleados desde fuera de la institución, que gestionaba las autorizaciones, dice el portal de Diario Libre.
El esquema, que habría movilizado más de 41 millones de pesos en transferencias ilícitas, involucraba además a empresas ligadas a funcionarios. Entre los señalados figuran Gustavo Güílamo (jefe de gabinete), Germán Robles (consultor jurídico), Rafael Dujarric (planificación) y Gustavo Mesina (finanzas), siendo Robles identificado por testigos protegidos como la cabeza del entramado.
Paralelamente, un reportaje de Nuria Piera puso la lupa sobre un contrato firmado en 2020 con la empresa Khersum SRL, parte del Grupo Read, para gestionar la atención primaria de 500,000 afiliados del régimen subsidiado.
Bajo esa modalidad, adicionada al contrato original durante la presente administración, Senasa pagaba hasta 65 millones de pesos mensuales —780 millones al año— sin importar si los pacientes recibían o no atención, en un acuerdo sin mecanismos de fiscalización claros.
Piera también reveló que la nómina de la institución creció de 1,408 a 1,971 empleados en cuatro años, y que se abrieron 19 oficinas en Estados Unidos y Puerto Rico con costos que superan los cinco millones de pesos mensuales, funciones que antes cumplían los consulados. A esto se sumaron denuncias de largas esperas para citas médicas y retrasos en la entrega de medicamentos básicos, confirmados por llamadas de prueba a sucursales.
El deterioro financiero
De acuerdo con denuncias anteriores de la Fuerza del Pueblo, el déficit acumulado del régimen subsidiado asciende a 3,372.8 millones de pesos. La morosidad en los pagos a proveedores pasó de 0.97 % en 2020 a 46.02 % en 2023 y se mantiene en 44 % en 2024, poniendo en jaque a clínicas, farmacias, laboratorios y médicos. La magnitud del fraude, la expansión de una burocracia costosa y los contratos que favorecieron a privados por encima del sistema público revelan un patrón de corrupción y mala gestión que amenaza con quebrar la aseguradora estatal.
La crisis ha puesto en duda la capacidad del Estado dominicano para garantizar transparencia en el manejo de los fondos de salud y ha encendido la alarma sobre la calidad de los servicios a los que acceden los ciudadanos más vulnerables, brindados bajo supervisión de Senasa y Silsaril.
