Santo Domingo. La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, aseguró que el contrato de fideicomiso aprobado en la Cámara de Diputados, entrega una patente de corso al comité técnico, permitiéndole a estos, no solo el usufructo de la propiedad estatal por 30 años, sino peor aún, la capacidad de endeudar el patrimonio.
Considera que el fideicomiso es peor que una privatización, porque si se tratara de una transferencia, el Estado estaría recibiendo recursos, pero que realmente lo que se está haciendo es cederla a título gratuito.
ADOCCO expresa que la conclusión se desprende de la aprobación con carácter de urgencia del contrato por la Cámara de Diputados, el 11 de enero del 2022, no obstante, la cámara baja haber aprobado el 5 de enero del 2022, un proyecto de ley que regula el patrimonio empresarial del Estado.
Agrega que solo una ley de fideicomiso público permitiría un manejo transparente y la fiscalización por parte del Congreso, la Cámara de Cuentas, la Contraloría, la Dirección General de Compras y Contrataciones, y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de la organización de la sociedad civil, dijo “si existe un proyecto de ley para regular específicamente la figura del fideicomiso público, aprobado en primera lectura por los diputados el 5 de enero del 2022, porque no aprobarlo primero y luego los contratos de fideicomisos”.
Asegura que “no lo hicieron, porque de aprobarse el cuestionado contrato de fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, con anterioridad a la aprobación y promulgación del referido proyecto de ley, quedaría fuera del alcance de la misma, por el principio constitucional de que las leyes no tienen efectos retroactivos”.
Auditoría a Punta Catalina
De la Rosa Tiburcio asegura que la falta de una auditoría de costo de la construcción de la central, que establezca si esta fue o no sobrevaluada, para establecer el valor de mercado, constituye un acto de corrupción, ya que está siendo entregado un bien público, sin saber su valor real.
Sostiene que el Estado dominicano, a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE, mediante el decreto 538-21, que otorga poderes plenos al ministro Antonio Almonte, establece la constitución de un fideicomiso público e irrevocable, de administración, inversión fuente de pago y oferta pública denominado Fideicomiso, CTPC.
