Santo Domingo. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) anunció que apelará la decisión judicial que ordena al Ministerio Público pagar más de RD$7.5 millones por un teléfono ocupado a uno de los imputados en el proceso por corrupción administrativa seguido contra Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, y otros procesados.
El órgano acusador sostuvo que la decisión está “plagada de vicios procesales graves” y adelantó que dispone de un plazo de 20 días para presentar formalmente el recurso de apelación.
“Recibimos la notificación de la decisión el jueves y tenemos 20 días para presentar el recurso de apelación”, informó el fiscal Jonathan Pérez, adscrito a la Pepca.
La disposición fue emitida por Patricia Alejandra Padilla Rosario, titular del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, y establece el pago de RD$7,560,000 a favor del imputado Juan Francisco Álvarez Carbuccia por concepto de liquidación de una astreinte.
Según la Pepca, uno de los principales argumentos que sustentará la apelación es que la magistrada habría dictado la decisión pese a encontrarse desapoderada del expediente desde el 24 de octubre de 2025.
El proceso había pasado al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tribunal que conoció la audiencia preliminar y posteriormente dictó auto de apertura a juicio.
Los fiscales Jonathan Pérez y Miguel Collado también señalaron que la jueza incurrió en una desnaturalización de la figura de la astreinte y que, sobre esa base, fijó una suma que calificaron como exorbitante.
A juicio del órgano persecutor, la decisión pretende convertir la astreinte en una indemnización a favor de una persona procesada por corrupción administrativa.
Reclamación
La reclamación está vinculada con una serie de bienes que, de acuerdo con el comunicado, ya fueron entregados a Álvarez Carbuccia. El imputado también reclama la devolución de un teléfono móvil Samsung S3, cuyo valor de mercado ronda los RD$3,000.
Pérez explicó, además, que incluso el tribunal actualmente apoderado del proceso penal carecería de competencia para conocer la reclamación relacionada con el teléfono, debido a que no se trata de un tribunal administrativo.
El juicio de fondo contra Álvarez Carbuccia y los demás imputados será conocido por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que tiene una audiencia programada para el próximo 11 de agosto.
Álvarez Carbuccia figura en el expediente como responsable de emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
La acusación también señala que Hugo Beras habría facilitado, mientras dirigía el Intrant, adjudicaciones fraudulentas a empresas sin capacidad técnica y participado en la manipulación de la red semafórica y del sistema de videovigilancia.
En tanto, José Ángel Gómez Canaán es señalado como beneficiario de contratos fraudulentos con Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange, así como responsable del control de sistemas semafóricos, videovigilancia y espionaje tecnológico y del sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo.
A petición del Ministerio Público, el grupo fue enviado a juicio el pasado 5 de junio bajo acusaciones de lavado de activos, desfalco, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, sabotaje, robo de identidad, delitos de alta tecnología, uso de documentos privados, contrabando y violación a la Ley de Armas.
