Santo Domingo. La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, dispuso el cese de la prisión preventiva para el mayor general Adán Cáceres, la pastora Rosy Guzmán, Taner Flete y al coronel Rafael Núñez de Aza, imputados en el caso Coral.
Al favorecer a los imputados con la variación de la coerción, la jueza Rivas dispuso prisión domiciliaria para el general Cáceres y Nuñez de Aza. Además, el pago de una garantía económica de 100 millones de pesos a través de una compañía aseguradora, la colocación de grilletes electrónicos e impedimento de salida del país.
A Guzmán le estableció arresto domiciliario, impedimento de salida, la colocación de un grillete electrónico y una garantía económica de 50 millones de pesos a través de una compañía.
Mientras a Flete le fue colocado impedimento de salida, arresto domiciliario y un grillete electrónico.
Sobre la decisión de la magistrada, el procurador adjunto Wilson Camacho sostuvo que “este país es el único en el mundo en el que el debido proceso y la lógica solamente aplica para beneficiar a los procesados por casos de corrupción”.
Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), sostuvo que “este tribunal, con la decisión de hoy, pretende que el Ministerio Público no haga grandes investigaciones, pretende que el Ministerio Público no haga investigaciones exhaustivas y pretende, en consecuencia, que el Ministerio Público ejerza de manera irresponsable su función”, dijo. Pero, “eso no va a pasar”, añadió.
Seguirán apegados a la ley
Camacho precisó que, a pesar de las pretensiones del tribunal con ese tipo de decisión, el Ministerio Público continuará actuando apegado a la ley y con la responsabilidad que lo caracteriza en estos casos.
“Nosotros no vamos a ejercer de manera irresponsable nuestras funciones. Nosotros seguiremos presentando procesos del tamaño de la dinámica delictiva que estamos investigando, no vamos a hacer otra cosa que no sea cumplir con el mandato de la ley”, dijo.
Puntualizó la incoherencia de la decisión de la jueza, al indicar que “el tribunal en el día de hoy asume, acepta y manifiesta la alta complejidad de este caso, pero esa complejidad no sirve para entender que, en un caso muy complejo en consecuencia, necesita que el Ministerio Público le dedique tiempo para hacer estas investigaciones”.
El procurador adjunto sostuvo que para “procesar a 17 empresas, muchas veces el Ministerio Público tiene que depurar cientos de empresas y ese es un tema que simple y llanamente los tribunales de este país no lo entienden, salvo para favorecer a los acusados”.
Camacho recordó que a los acusados se les otorgaron 95 días para defenderse de la acusación del Ministerio Público. “Pero ahora el culpable es el Ministerio Público por hacer una investigación amplia y una investigación exhaustiva. Ahora bien, nosotros vamos a seguir con nuestro rol y seguiremos presentando ante los tribunales a todo el que tengamos evidencia de que ha violado la ley”, añadió.
Caso de Carmen Magalys Medina Sánchez
Al ser cuestionado sobre la decisión de la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que ordenó retirar los grilletes electrónicos a Carmen Magalys Medina Sánchez, imputada en el caso Pulpo, Camacho señaló que la prisión domiciliaria que pesa sobre ella, permitirá que siga presente en los demás actos del proceso.
Sin embargo, recordó que la imputada Medina Sánchez ha sido una imputada amenazante e insultante al Ministerio Público en los tribunales. “Esta es la forma en la que se le responde desde el Poder Judicial”, deploró.
“En el caso de Magalys Medina, que es una acusada del caso Pulpo, seguirá con su medida de coerción de arresto domiciliario, por ende, nosotros entendemos que esa medida de coerción permitirá que siga presente en los demás actos del proceso”, dijo.
“Lo curioso es, que, a este tipo de imputado, que han tenido comportamientos amenazantes en los tribunales e insultantes contra el Ministerio Público, esta es la forma en la que se le responde del Poder Judicial”, dijo.
Jueza explica decisión
El periódico Listín Diario reseña que tuvo acceso a un documento, en el que la magistrada del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, explicó que estos implicados cumplían con prisión preventiva de 18 meses, y destacó que se trata de un amplio proceso en el que analizó el comportamiento procesal de los acusados y de las autoridades.
Asimismo, resaltó que, de esos meses de prisión preventiva, el Ministerio Público agotó la primera docena en la fase de investigación, y los restantes la fase preliminar, en la que han operado diez audiencias, siendo la primera fijada para el 15 de junio 2022.
En esa fecha, la jueza afirmó que las defensas advirtieron al tribunal que los implicados privados de libertad no se les permitía acceso a sus abogados ni a equipos electrónicos.
Rivas indicó que ese aspecto fue evaluado por el tribunal y posteriormente se ordenó que los centros penitenciarios permitan el acceso de equipos electrónicos, o habiliten equipos electrónicos, para los imputados en Coral.
Sin embargo, según la jueza, hasta el 2 de septiembre de este año no se había cumplido con esta orden, por lo que le pareció “procedente” variar la medida de coerción.
“En sentido general se retiene que la dilación para la instrucción de la audiencia preliminar no ha sido generada por los imputados, siendo procedente acoger el cese de la prisión preventiva por haber transcurrido el plazo sin que los imputados hayan generado dilaciones indebidas”, indicó Rivas.
La variación
Sobre la variación de medida, la jueza dijo que el tribunal decidió imponer otras medidas que garanticen la presencia de los imputados en el proceso judicial.
“En otro orden, el tribunal decide imponer medidas de Coerción, puesto que lo que se ha hecho cesar es la prisión preventiva, siendo razonable e idóneo imponer otras medidas que garanticen la presencia de los imputados en el proceso toda vez que permanece latente el peligro de fuga, la libertad de los imputados a juicio de esta juzgadora sí representa un peligro para el proceso y las pruebas, por lo que este tribunal impone estas medidas”, expresó.
