Tribunal mantiene prisión preventiva a imputado de Operación Gavilán, red que borró fichas

Por: Redacción Mirador Central

Santo Domingo. El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó este martes la prisión preventiva impuesta al imputado Rubén Darío Morbán Santana, a quien el Ministerio Público le atribuye formar parte de la red que borró y alteró registros de antecedentes penales a más de 16,000 personas y que fue desmantelada con la Operación Gavilán.

Luego de acoger la solicitud del Ministerio Público, el juez Deiby Timoteo Peguero Jiménez confirmó la prisión preventiva a Morbán Santana durante la revisión obligatoria de la medida de coerción.

El imputado cumple 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal, por formar parte de la desmantelada red que borró y alteró registros de antecedentes penales a 16,958 personas.

El pasado mes de agosto el proceso fue declarado de tramitación compleja y les fue impuesta la prisión preventiva como medida de coerción por 18 meses en el referido centro penitenciario a los imputados Domingo Julio Santana Sánchez, Mártires Rosario Reyes, Alfredo Mirambeaux Villalona, Luis Alfredo Astacio Polanco y a Rubén Darío Morbán Santana, siendo la misma ratificada a todos en el proceso que se lleva en su contra.

Con la Operación Gavilán, el Ministerio Público presentó cargos preliminares en contra de una red de fiscales, empleados administrativos y policías que se dedicó durante años a eliminar antecedentes penales a cambio de sobornos.

En el borrado de antecedentes penales, ejecutado por esta red criminal, han sido beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género y por adulteración de alcohol, así como por secuestro, llegando esta estructura al extremo de que personas recluidas cumpliendo condenas de hasta de 30 años de prisión figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales.

El grupo fue sometido a la justicia por violar varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 41-08 sobre la Función Pública, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 en perjuicio del Estado dominicano.