Santiago. La jueza Yiberty Polanco, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta demarcación, aplazó el conocimiento de la medida de coerción para el próximo lunes 14 de marzo, en contra de 38 imputados en la Operación Discovery, acusados de pertenecer a la desmantelada red que durante varios años estafó a ciudadanos estadounidenses a quienes extorsionaba y robaba identidades y recursos por medios electrónicos.
Sin embargo, el Ministerio Público indicó que está preparado con los medios de prueba suficientes para conocer las medidas, a raíz de que los imputados y sus defensas requirieran que el órgano de la acusación les notificara, ahora por segunda ocasión, los medios probatorios que sustentan la solicitud de medidas de coerción.
El Ministerio Público enfatizó en que notificó debidamente esos medios de prueba a cada uno de los imputados y sus abogados, por medio de memorias USB, y que cada representante legal confirmó haberlos recibido.
“Los abogados han pedido que se suspenda la audiencia a los fines de que los abogados puedan tener con ellos los elementos probatorios; no obstante, hay que advertir que el Ministerio Público, en una pendrive o memoria USB, notificó a los imputados los medios de pruebas”, explicó Iván Félix, representante del órgano de la acusación.
Félix ponderó lo robustecida de la investigación y las pruebas que hay en poder de este órgano, en las cuales hay evidencias sobradas del proceder de la red del ciberdelito, que se apropió de las identidades de sus víctimas y en otros casos les extorsionó para despojarlas de recursos económicos.
La Fiscalía de Santiago pide 18 meses de prisión preventiva contra los imputados.
Basado en el cúmulo de evidencias recogidas en el curso de la investigación, el órgano acusador les imputa a los encartados los tipos penales descritos y sancionados en los artículos 14 y 15 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que sancionan la obtención ilícita de fondos y la estafa a través de medios informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones.
Además, se les imputan los artículos 2, numerales 1, 2, 3 y 4, así como el 4 en sus numerales 7, 8 y 9 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos. La acusación sostiene que el grupo transgredió los artículos 59, 60, 258, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que tipifican la complicidad, asociación de malhechores y la usurpación de funciones, así como el 405 del citado código, que instruye sancionar la estafa.
