Santo Domingo. Un tribunal colegiado de La Altagracia condenó a 10 años de prisión a una ciudadana argentina y a un dominicano tras quedar establecida su responsabilidad penal en un caso de tráfico de drogas, según informó la Procuraduría General de la República.
Los condenados son Florencia Milagros Otaduy, de 31 años, y Manuel Alejandro D´Oleo Cuello, quienes además deberán pagar una multa de 250 mil pesos. El tribunal también ordenó el decomiso de varios objetos que les fueron incautados durante el proceso, detalla un comunicado.
La sentencia fue dictada por los jueces Sagrario del Río Castillo, Domingo Duvergé Caraballo y Carmen Almonte Almonte, del Tribunal Colegiado de La Altagracia, quienes ordenaron que la condena sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en el municipio de Higüey, y en el centro de retención para mujeres de esa localidad.
Los hechos
Otaduy fue arrestada en flagrante el 31 de julio de 2023 en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), cuando intentó sacar del país ocho paquetes de cocaína con un peso exacto de 4.33 kilogramos.
De acuerdo con el Certificado de Análisis Químico Forense No. SC1-2023-08-11-014033, emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la sustancia ocupada correspondía a cocaína. La droga era transportada en una maleta dentro de una funda plástica que contenía ocho cajas para chocolates, cada una con un paquete de la sustancia.
Durante el arresto también se le ocuparon varias prendas de vestir, equipos de higiene personal, un pasaporte argentino y un permiso de residencia a su nombre.
En tanto, D´Oleo Cuello, quien laboraba como operador de jardinería en el aeropuerto, fue apresado el 1 de agosto de 2023 alrededor de las 4:46 de la tarde mediante la orden de arresto número 03353-2023, mientras se encontraba en la misma terminal aeroportuaria.
El expediente del caso establece que el hombre le entregó la funda con la cocaína a Otaduy dentro del aeropuerto, luego de que esta pasara los controles de seguridad y momentos antes de su detención. Las cámaras de seguridad captaron al imputado cuando ingresó desde el área de parqueo con la funda y posteriormente cuando ambos salieron juntos de un ascensor y se dirigieron al lugar donde se produjo la entrega.
El proceso fue calificado jurídicamente como violación a los artículos 4, letra D; 5, letra A; 58, 59, 60, 75, párrafo II, y 85 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
La investigación y litigación del caso estuvieron a cargo de los procuradores fiscales Ángel Abel Castillo Núñez y Roberto Santos Pacheco, quienes presentaron pruebas que demostraron la culpabilidad de los procesados.
