Santo Domingo. Como parte de la colaboración interinstitucional, el Ministerio Público y el Gabinete de Política Social coordinan la implementación de un piloto para la inserción laboral de mujeres afectadas por situaciones de violencia en el país.
Para la puesta en marcha del piloto fue firmado un acuerdo de colaboración entre el Ministerio Público y el Gabinete Social, representados por la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y el coordinador de dicha entidad a cargo de los programas sociales, Tony Peña, respectivamente.
El acuerdo tiene como objetivo regular la colaboración interinstitucional entre las partes como una acción conjunta entre los Centros de Desarrollo Integral Para la Mujer (CEDI-Mujer) y el Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia (CASV) del Ministerio Público.
La procuradora general, Germán Brito, valoró el acuerdo y agradeció el apoyo ofrecido para la inserción laboral de las víctimas de violencia.
“Este es un acuerdo muy importante, desde el 2007 el Ministerio Público creó un Centro de Atención a las Mujeres Sobrevivientes de Violencia; con este acuerdo se pone de relieve la situación a la que debemos marchar, que es la inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia”, destacó.
La magistrada Germán Brito resaltó la importancia del programa de capacitación de los trabajadores sociales, al considerar “que no basta ser trabajador social, sino, tener conciencia de este asunto como mujer, la discriminación, el maltrato que está tan arraigado en nuestra sociedad”.
De su lado, el coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña, resaltó la labor de los citados centros, los cuales dijo que están destinados a atender solamente mujeres, al tiempo de expresar que darán todas las facilidades a la Procuraduría para la ejecución del proyecto.
Durante el desarrollo de la actividad, las autoridades anunciaron que por primera vez serán inauguradas unidades de atención a víctimas de violencia de género en Santo Domingo Norte y Santiago de los Caballeros, las cuales serán lideradas por la Procuraduría General de la República.
Las instituciones acordaron revisar los protocolos y la arquitectura institucional de procesos y tecnología para la incorporación del CASV en el modelo de atención a la violencia contra la mujer de CEDI-Mujer, así como para la estructura a nivel provincial priorizada.
Además, para la implementación del proyecto de reinserción económica y social de mujeres en situación de violencia, ambas instituciones se encargarán de la selección de las beneficiarias que participarán en el programa y le realizarán visitas domiciliarias cuando se consideren oportunas y relevantes.
El acuerdo, firmado en el despacho de la procuradora general de la República, en el Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, tendrá vigencia a partir de este miércoles, por un periodo de dieciocho (18) meses, pudiendo en su caso prorrogarse de común acuerdo por las partes.

