Santo Domingo. El Ministerio Público reiteró que recurrirá la sentencia dictada en el proceso seguido contra Juan Alexis Medina y compartes, cuyos plazos comenzaron a correr para todas las partes a partir de este miércoles con la notificación de la decisión íntegra, de 10,841 páginas, en formato digital.
“Las partes, incluido el Ministerio Público, estuvimos de acuerdo con la notificación en formato digital. Vale destacar que somos pioneros en el uso de dispositivos electrónicos para la entrega y notificación de las evidencias recabadas en las investigaciones”, señaló la fiscal Elizabeth Paredes Ramírez, quien recibió el dispositivo USB con la decisión emanada del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Claribel Nivar, Giselle Soto y Clara Castillo.
La jueza presidenta, Claribel Nivar, explicó detalladamente el procedimiento de acceso al dispositivo y el contenido almacenado. Posteriormente, el secretario del tribunal procedió a verificar y abrir el dispositivo USB, poniendo en conocimiento de todas las partes la totalidad de la información incluida.
“Aunque en su momento hubo discusiones con algunas defensas, los jueces han asumido esta modalidad como parte de la nueva realidad virtual”, explicó la fiscal Paredes Ramírez, adscrita a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
En el proceso, Medina Sánchez, quien dirigía el entramado de corrupción, fue declarado culpable de soborno en el comercio y la inversión, lavado de activos, uso de documentos falsos y asociación de malhechores, por lo que fue condenado a siete años de prisión.
El tribunal también condenó a José Dolores Santana Carmona a la pena de 6 años de prisión y a 5 años a Wacal Vernabel Méndez Pineda, Francisco Ramón Brea Morel, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista y a Paola Mercedes y a Víctor Matías Encarnación.
Los procesados Medina Sánchez, José Dolores Santana Carmona, Wacal Vernabel Méndez Pineda, Paola Mercedes y Rigoberto Alcántara Batista y varias empresas deberán pagar 500 millones al Estado dominicano.
