Santo Domingo. El Ministerio Público aseguró que la reproducción nuevamente de las pruebas en el juicio que se le sigue al pelotero Wander Franco permitirá tener condenas mayores en relación a los imputados.
El órgano acusador recuerda que pidió a la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata que dicte su propia sentencia e imponga a Franco una condena de cinco años de prisión por abuso sexual infantil en correspondencia con los hechos punibles.
Wander Franco fue condenado en primera instancia a dos años por abusar psicológica y sexualmente de una adolescente.
El proceso además se sigue contra la madre de la víctima, quien fue condenada a 10 años de prisión por explotación sexual y comercial y lavado de activos, la cual también enfrentará un nuevo juicio.
El nuevo juicio fue ordenado por los jueces del tribunal de alzada Onasis Pelegrín, Xiomara Tineo y Juan Suardi, quienes se habían reservaron el fallo para este 9 de diciembre de 2025, a las 9:00 de la mañana.
Condenado a dos años
El tribunal adoptó la decisión tras conocer los recursos de las partes, incluyendo el presentado por el Ministerio Público, contra la sentencia dictada el pasado 27 de junio por el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Puerto Plata, integrado por los jueces Jakayra Veras, Venecia Rojas y José Juan Jiménez.
Franco Aybar fue condenado en primera instancia a 2 años de prisión, bajo suspensión de la pena, así como al pago de 10 salarios mínimos y las costas penales del proceso.
El procesado fue hallado culpable de violar el artículo 396, letras b y c, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
El tribunal en primera instancia impuso la pena suspendida, disponiendo que Franco Aybar no se acerque a adolescentes con fines sexuales y en caso de incumplimiento de la medida deberá cumplir la pena en prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe de Puerto Plata.
Madre condenada
La madre de la víctima fue condenada a cumplir 10 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Mujeres, en Santiago, al establecer el tribunal, con base en las pruebas aportadas por el Ministerio Público, que la mujer incurrió en delitos de explotación sexual comercial y lavado de activos.
Además, la sentencia establece el pago de una multa equivalente a 30 salarios mínimos en beneficio del Estado dominicano.
Asimismo, como solicitó el órgano acusador, se ordenó el decomiso de los siete bienes que les fueron incautados a la procesada, incluyendo un solar ubicado en Villa Montellano con una extensión superficial de 600 metros cuadrados, un carro del año 2023, un depósito bancario de RD$2,100,000, así como la suma de 68 mil 500 dólares americanos y 800 mil pesos dominicanos.
Por igual, los equipos celulares y todos los valores colocados en la cuenta de la madre de la víctima, que fueron inmovilizados por el Ministerio Público en virtud de una orden especial y autorización judicial. De igual manera, le ordena el pago de las costas penales del proceso.

