Ministerio Público considera sus pruebas en el caso Antipulpo no podrán ser refutadas

El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, continuará el proceso el próximo lunes 21 de noviembre, a las 9:00 a.m.

Por: Redacción Mirador Central

Santo Domingo. Los imputados por corrupción administrativa del expediente Antipulpo serán enviados a juicio, aseguró este viernes la procuradora de corte Mirna Ortiz luego de que el Ministerio Público presentara sus conclusiones sobre el caso ante el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

“El Ministerio Público ha presentado sus conclusiones formales en este proceso, solicitando la apertura juicio y la admisión total de las pruebas, así como del escrito de acusación, esto va a generar inequívocamente que el juez de envío a juicio”, afirmó la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).

Ortiz destacó la solidez de la acusación presentada por el órgano de justicia, al señalar que “la cantidad de pruebas y hechos presentados por el Ministerio Público, no podrán ser variados por ningún tipo de alegato ni prueba que pretenda presentar la defensa”.

También detalló que dentro de lo solicitado al tribunal, estuvo el mantenimiento de las medidas de coerción y el restablecimiento de la prisión preventiva para aquellos imputados que les fue variada.

“En relación a las medidas de coerción, hemos solicitado que sean mantenidas aquellas que no han sido variadas y con relación a las medidas de coerción de Juan Alexis Medina, Wacal Méndez, Fernando Rosa, que fueron variadas a arresto domiciliario, en razón del recurso de apelación que tenemos depositado, hemos solicitado que con la medida de coerción que deben ir a juicio es con la prisión preventiva, que fue la medida impuesta ante la Jurisdicción de Atención Permanente”, dijo Ortiz.

La procuradora de corte también se refirió a la solicitud realizada por algunas de las defensas para que se excluya del proceso al Estado dominicano.

“El Estado es una parte del proceso, desde nuestro punto de vista, solicitando el resarcimiento económico, que no le está permitido por ley solicitar al Ministerio Público”, dijo Ortiz, quien también especificó que el Estado “acompaña al Ministerio Público en la persecución penal y solicita las indemnizaciones civiles, que no es más que el resarcimiento del daño que se le ha causado con la depredación, con el robo que ha realizado esta red de corrupción en las instituciones públicas”.

La audiencia de este viernes fue celebrada, por asuntos de espacio, en la sala del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el que los representantes del Ministerio Público presentaron sus conclusiones en esta etapa de la acusación que consta de unas 3,445 páginas.

El proceso por corrupción administrativa se sigue contra Juan Alexis Medina Sánchez y la exvicepresidenta del Fonper, Carmen Magalys Medina Sánchez, ambos hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como a otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.

También, están involucrados el expresidente del Fonper Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el exfiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher Sánchez.