Ministerio de Energía y Minas y Sistema Único de Beneficiarios apuestan por intervención social inteligente

Por: Redacción Mirador Central

Santo Domingo. El Estado apuesta a una nueva forma de intervención social en los territorios donde se desarrollan proyectos energéticos y mineros: decisiones basadas en datos para impactar directamente a las comunidades más vulnerables.

Con ese enfoque, el Ministerio de Energía y Minas y el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) articularon un esquema de trabajo conjunto que permitirá identificar, priorizar y atender a los hogares en condiciones de mayor vulnerabilidad, mediante el uso de información socioeconómica actualizada.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, destacó que esta iniciativa introduce un cambio de fondo en la forma de diseñar políticas públicas en el sector. “No se trata solo de energía, se trata de bienestar. Con el Siuben podremos identificar con precisión dónde están las mayores brechas y actuar con mayor justicia y eficacia”, afirmó.

Santos explicó que la incorporación de inteligencia social permitirá mejorar la toma de decisiones, focalizar las intervenciones del Estado y asegurar que cada proyecto energético o minero genere un impacto tangible en la calidad de vida de la población.

“Estamos alineando desarrollo con equidad. Cada acción en el sector deberá traducirse en oportunidades reales para la gente, especialmente en territorios históricamente rezagados”, subrayó.

Articulación interinstitucional

De su lado, el director del Siuben, Augusto de los Santos, valoró la iniciativa como una oportunidad para fortalecer la articulación interinstitucional, en un momento en el  que la entidad avanza en la actualización de su registro social en al menos siete provincias, con énfasis en la región Sur.

“Este proceso nos permite establecer un marco de interoperabilidad, de intercambio claro, que permitirá contar con información más precisa para apoyar políticas públicas más efectivas y mejor dirigidas”, indicó.

Asimismo, se prevé la generación de datos confiables, informes técnicos y documentos de política pública que orienten la intervención del Estado, bajo criterios de confidencialidad y protección de datos.

El enfoque contempla el desarrollo de estrategias sociales en comunidades impactadas por proyectos mineros en exploración o explotación, así como en zonas con necesidades de electrificación y acceso a servicios básicos, incorporando además el enfoque de género en la formulación e implementación de los programas.