Santo Domingo. La Junta Central Electoral advirtió que una nueva reducción al financiamiento público destinado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos tendría consecuencias negativas sobre la estabilidad del sistema democrático y el desarrollo de los procesos electorales en el país.
En un comunicado emitido este jueves, el órgano electoral expresó su posición ante la propuesta de disminuir los recursos que reciben los partidos políticos por parte del Estado, luego de que el gobierno informó públicamente su intención de reducir nuevamente la partida asignada para el año 2026.
La entidad recordó que el artículo 224 de la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, establece que en los años no electorales, como el 2026, la contribución estatal a los partidos debe equivaler al 0.25 % de los ingresos nacionales.
Sin embargo, señaló que la Ley núm. 99-25, que aprobó el Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal de 2026 y fue promulgada el 16 de diciembre de 2025, consignó un financiamiento equivalente al 0.12 %, monto que representa menos de la mitad de lo contemplado legalmente.
La Junta Central Electoral sostuvo que una nueva disminución de esos recursos afectaría la planificación financiera, operativa, educativa y logística de las organizaciones políticas, así como el cumplimiento de obligaciones asumidas sobre la base de la legislación vigente y de la Resolución núm. 01-2026 emitida por el organismo el 15 de enero de este año.
El organismo destacó que el sistema de partidos constituye un componente esencial de la democracia y definió a estas organizaciones como la “columna vertebral” del sistema político-electoral dominicano.
Asimismo, afirmó que una eventual reducción presupuestaria impactaría principios como la certidumbre, la legalidad, la integridad electoral, la equidad en la contienda y la seguridad jurídica electoral, además del ejercicio de la democracia sustentada en el sistema de partidos.
La institución recordó que la Constitución dominicana, en sus artículos 211 y 212, le atribuye la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones, además de velar por la transparencia en el uso del financiamiento político.
Finalmente, la Junta Central Electoral hizo un llamado a las autoridades competentes para que actúen conforme al marco constitucional y legal vigente, en respeto de las reglas establecidas y de la estabilidad del sistema de partidos, agrupaciones y movimientos políticos.
