Santo Domingo. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, reveló las propuestas para modificar la Ley 63-17, con el objetivo de hacerla más efectiva frente al creciente número de accidentes de tránsito.
Las modificaciones fueron presentadas en un documento ante la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, y surgen como respuesta al clamor ciudadano y el debate nacional generado por funcionarios y legisladores.
Las medidas incluyen instaurar un sistema para que los infractores que no paguen sus multas sean declarados en rebeldía, lo que podría conllevar la pérdida de la licencia de conducir, previa autorización de un juez.
Propone aumentar el plazo de prescripción de las infracciones de tránsito, de 1 a 5 años, con el fin de asegurar que las sanciones se apliquen con justicia.
Las sanciones para el transporte de carga con exceso de peso o dimensiones se endurecerán, para reducir el riesgo de accidentes asociados a estos vehículos.
Se establecerá la retención de vehículos cuyos conductores estacionen indebidamente o conduzcan bajo los efectos del alcohol, además de cubrir los costos de remoción.
La Policía Nacional estará habilitada para realizar pruebas de alcoholímetro junto con la Digesett, especialmente en horarios nocturnos y en zonas de expendio de bebidas, avenidas principales y centros turísticos.
Se propone una reducción en los límites de velocidad en avenidas, calles, túneles y elevados, alineándose con los estándares internacionales, y aumentando la presencia de patrullas de tránsito 24/7.
Las penas por participar en carreras clandestinas serían severas, con sentencias de prisión de 1 a 2 años para los infractores.
Se incrementarán los recursos para la Digesett, para asegurar su presencia continua durante las 24 horas del día, en noches, días feriados y en zonas con alta siniestralidad.
Se impondrán sanciones más estrictas a los motociclistas que no utilicen casco, no porten licencia de conducir o no tengan su documentación al día, sin excepciones.
El no pago de multas podría impedir la obtención de certificados de buena conducta, la renovación de licencias y del marbete, con el respaldo de la justicia para garantizar que estas sanciones sean obligatorias.
