Santo Domingo. El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva como medida de coerción contra siete motoconchistas señalados por la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, un conductor de camión recolector de desechos que fue atacado tras ser perseguido por varios kilómetros hasta el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde intentó resguardarse.
La solicitud fue presentada contra Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz. Según la acusación preliminar, los imputados se asociaron para perseguir, interceptar y dar muerte a la víctima, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital del Seguro Social Presidente Estrella Ureña.
La procuradora general Yeni Berenice Reynoso instruyó a los fiscales a presentar cargos preliminares por asesinato.
En ese sentido, la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu Peña, sostuvo que la gravedad de los hechos justifica la medida solicitada. “Evidentemente que debe ser la prisión preventiva, porque la acción, la conducta típica y el desenlace mortal (…) enmarca en una persecución (…) para ir a hacer daño y matar”, afirmó.
Los hechos
De acuerdo con la investigación, el incidente se originó cuando la víctima transitaba por la Circunvalación Sur, en el sector ensanche Bermúdez, donde fue interceptado por un motoconchista —actualmente prófugo— y otros individuos que le exigían detenerse por un supuesto roce vehicular. Al percibir la actitud violenta del grupo, Abreu Quezada decidió continuar la marcha.
El expediente indica que uno de los atacantes colocó su motocicleta frente al camión para obligarlo a detenerse, pero la víctima siguió avanzando, arrastrando el vehículo. A partir de ese momento, fue perseguido por varios kilómetros hasta el Palacio de Justicia, donde finalmente fue interceptado por la turba.
La Fiscalía sostiene que los imputados actuaron de forma coordinada, acorralando a la víctima y provocándole la muerte. Entre las pruebas presentadas figuran evidencias materiales, documentales y testimoniales, así como registros videográficos en los que se escucha a los agresores vociferar “mátalo, mátalo”.
Las fiscales a cargo del caso, Joanna García Rivas y Luisa García, aseguran haber reunido elementos probatorios contundentes que permitirán demostrar la responsabilidad penal de los acusados y las circunstancias del crimen.
El Ministerio Público también informó que no existen evidencias de que alguno de los motoconchistas resultara herido durante el incidente, como alegaban inicialmente.
Como calificación jurídica provisional, el órgano acusador imputa a los detenidos la violación de los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, relacionados con asociación de malhechores y asesinato.
Entre las pruebas materiales figura un arma blanca tipo cuchillo de caza, de color negro, con la que uno de los imputados habría causado una herida mortal en la pierna derecha de la víctima.
