Santo Domingo. Un tribunal condenó a la pena máxima de 30 años de prisión a José Manuel Matos Vásquez, acusado de asesinar a su pareja, Jennifer Milagros Peña, en un hecho ocurrido el 31 de diciembre de 2024 en la provincia Santiago.
La sentencia fue dictada a solicitud del Ministerio Público por los jueces Juan Carlos Colón, Claribel Mateo y Gladys de los Santos, del Primer Tribunal Colegiado de Santiago, quienes determinaron que Matos Vásquez violó los artículos 295, 304, 309-2 y 309-3, literales B, C y D, del Código Penal Dominicano.
El condenado deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, en Santiago, y pagar una indemnización de RD$8.0 millones a los familiares de la víctima.
De acuerdo con el expediente, Matos Vásquez y Peña mantenían una relación de 19 años, período durante el cual el procesado agredió física y verbalmente a la víctima en varias ocasiones y la amenazaba de muerte de manera constante en presencia de familiares de ella.
El crimen
El crimen ocurrió en la vivienda que ambos compartían, ubicada en la calle El Número, del sector La Cambronal, en Santiago. La víctima murió a causa de trauma craneoencefálico y asfixia por estrangulamiento.
Tras cometer el hecho, Matos Vásquez se sentó a compartir con un grupo de personas de la comunidad. Una hermana de Peña, al verlo en el lugar, le preguntó por su pariente, a lo que este respondió que su pareja había ido al sector Pekín a visitar a sus hijos.
La hermana intentó comunicarse con Peña y, al no recibir respuesta, acudió a su residencia, donde encontró el cuerpo sin vida. Posteriormente llamó al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Al día siguiente, Matos Vásquez se trasladó al destacamento policial Mari López, donde confesó que había matado a su pareja, por lo que fue arrestado de inmediato.
El informe de autopsia practicado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses estableció que la causa del deceso fue muerte violenta, de etiología médico legal homicida.
El caso fue investigado por la procuradora fiscal Ada Reyes, mientras que la fiscal litigante Reyna Jiménez representó al Ministerio Público durante el proceso.
