Santo Domingo. El Ministerio Público solicitó que se declare inadmisible una petición con la que un procesado pretende que se le devuelva un telefónico móvil aportado por los fiscales entre las pruebas del proceso judicial por corrupción administrativa que sigue contra Hugo Beras, Jochi Gómez y compartes.
Juan Francisco Álvarez Carbuccia, quien fue enviado a juicio el pasado 5 de junio, junto a Hugo Beras, exdirector administrativo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y el empresario Jochi Gómez, hizo la petición ante el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
El fiscal litigante Jonathan Pérez Fulcar, quien representó al Ministerio Público durante la audiencia, se refirió al tema en respuesta a preguntas de la prensa sobre la petición del acusado relativa a la devolución de un móvil Samsung S3, cuyo valor ronda alrededor de RD$3,000 en el mercado.
“Él pide la devolución de un equipo que está en la acusación del Ministerio Público, y en caso de que no, que condenen al Estado por siete millones de pesos por la devolución de ese equipo”, detalló.
El representante del Ministerio Público explicó que el aparato forma parte de las evidencias de las extracciones que se hicieron en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), destacando que es una prueba importante en el proceso.
La jueza Patricia Padilla se reservó el fallo para el próximo 23 de julio.
El proceso judicial
Según la acusación del Ministerio Público, Hugo Beras facilitó adjudicaciones fraudulentas a empresas sin capacidad técnica y participó en la manipulación de la red semafórica y del sistema de videovigilancia, según establece la acusación.
En tanto que José Ángel Gómez Canaán es señalado como beneficiario de contratos fraudulentos con Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange y responsable del control de sistemas semafóricos, videovigilancia y espionaje tecnológico, además del sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo.
El expediente establece que Juan Francisco Álvarez Carbuccia emitió certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria.
Los demás son procesados por lavado de activos, testaferrato y sabotaje de la red semafórica, delitos de manipulación de licitaciones y decisiones del Comité de Compras para favorecer a empresas del esquema de corrupción, así como por facilitar el control técnico de la red semafórica y la falsificación de certificaciones.
