Santo Domingo. El procurador adjunto Wilson Camacho resaltó ayer los méritos de las pruebas obtenidas en los casos que lleva la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
“Todas las informaciones que nosotros utilizamos en todos nuestros procesos, esa información es recibida de manera oficial, enviada por las instituciones correspondientes y por los incumbentes de esas instituciones, y este caso no es la excepción”, manifestó en respuesta a preguntas de periodistas que lo abordaron sobre alegatos difundidos en la prensa por el abogado Ángel Lockward sobre uno de los casos en investigación.
“Nosotros actuamos siempre de cara al sol y eso se va a ver en su momento cuando el proceso esté en condición de llegar a un tribunal”, expresó, al tiempo que recordó que la Pepca no da detalles de investigaciones en curso.
“Repito, no podemos dar detalles sobre investigaciones abiertas. Nuestras investigaciones siempre se conocen por sus resultados y yo les ruego, esperen los resultados”, enfatizó.
Informe falso
El jurista Ángel Lockward, quien figura en el listado de 209 personas contra quienes el Ministerio Público solicitó a un juez la autorización para la obtención de informe financiero respecto a una investigación abierta en contra del exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz, restó credibilidad al «Informe de Auditoría”, que fue tomado como en cuenta para dicha solicitud.
Sostuvo que la resolución No. 17-02-2022 del 17, evacuada el 23 de agosto pasado por la jueza Kenya Romero, coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, que autoriza el informe financiero, está se basa en un supuesto “Informe de Auditoría” que ha sido declarado falso por el Contralor, quien dijo por escrito al tribunal que no lo había visto, ni firmado, ni tramitado.
Expresó el abogado por el uso de documentos falsos para obtener decisiones judiciales, hace unos meses la Suprema Corte desestimó una imputación y la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) condenó a un fiscal que obtuvo la decisión judicial al pago de RD$2.0 millones.
Expresó que el uso de un documento falso corrompe toda la diligencia judicial que se haga con la resolución, los demás documentos que la integran y que hasta donde puede ver, son normales de lícito comercio, en relación con los casos que manejó su oficina.
