Santo Domingo. El juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, fijó la próxima audiencia para el proceso que se le sigue al exprocurador Jean Alain Rodríguez para el próximo 6 de septiembre, a las 9:00 de la mañana.
Acorde al calendario de audiencias, el juez aplazó la audiencia preliminar para el próximo martes 25 de julio, a las 9:00 de la mañana, donde continuará conociendo la acusación del Ministerio Público.
En el proceso el juez deberá decidir si envía o no a juicio a los acusados.
En la audiencia de este viernes, el Ministerio Público sostuvo que el ex procurador general Rodríguez contrató a un perito para hacerle un peritaje a sus finanzas, acorde a sus intereses, por lo que restó importancia a las conclusiones del profesional sobre el elevado patrimonio del acusado.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que los peritos judiciales no existen en este proceso.
“En este proceso no existe tal cosa, como un perito judicial, eso ha sido un invento de la defensa de Jean Alain Rodríguez; los peritos que existen en este proceso han sido propuestos por las partes y contratados por las partes”, detalló.
Agregó que “en el caso de Jean Alain Rodríguez, el juez autorizó a que esa defensa contratara y pagara los servicios de un perito para que, acorde a sus intereses, realizara un peritaje de sus finanzas, por tanto, no se trata de un perito judicial, se trata de un perito contratado por esa parte con los fines y pretensiones probatorias propios de esa parte”.
Ortiz se refirió al avance del proceso al ser entrevistada por la prensa luego que culminara la jornada de este viernes en la audiencia preliminar que conoce el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra los involucrados en el entramado de corrupción administrativa que dirigía el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez y que fue desmantelado con la Operación Medusa.
Añadió que se expuso en la audiencia cómo esta estructura trabajaba como una empresa donde tenían roles divididos cada uno de los acusados y que la participación de cada uno de estos estuvo dentro de la estructura criminal.
En este proceso el Ministerio Público acusa a 41 personas físicas y 22 empresas de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
