Santo Domingo. La jueza Yanibet Rivas Méndez, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, luego de concluir la jornada de este jueves a los acusados de corrupción por el caso Coral y Coral 5G, aplazó la audiencia para este 10 de marzo, a partir de las 9:00 de la mañana.
El fiscal Melbin Romero destacó este jueves la fortaleza de las pruebas que acompañan el expediente por corrupción administrativa, al tiempo de resaltar que con sus alegatos las defensas no pudieron excluir ningunas de las pruebas aportadas por el Ministerio Público.
Romero, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, recalcó que se trata de una acusación fuerte.
“Hoy quedó nueva vez demostrado que la acusación del Ministerio Público es una acusación fuerte, es una acusación con elementos de pruebas fuertes que no pudieron los alegatos de las defensas demostrar que había motivos para excluir algunos de ellos”, dijo al responder preguntas de la prensa en momentos en que salía del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional donde se conoce la audiencia preliminar contra los acusados.
En el proceso el órgano acusador solicitó apertura a juicio en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y los demás acusados de integrar la red de corrupción administrativa desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G.
Entre los acusados de la Operación Coral además de Cáceres Silvestre también figuran Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Por la Operación Coral 5G, derivada de Coral, son procesados además del general Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.
El órgano acusador presentó cargos en este proceso contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, quienes son acusados de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.
El entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
