Santo Domingo. El presidente Luis Abinader remitió este miércoles a sus homólogos de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, sendas cartas solicitando apoyo a la resolución que dio origen a la nueva Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití, aprobada esta semana en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Las comunicaciones, fechadas el 1 de septiembre de 2025, muestran cómo el Gobierno dominicano desplegó gestiones directas con las dos potencias con poder de veto, en busca de asegurar consenso en torno al proyecto impulsado por Estados Unidos y Panamá.
La divulgación de estas misivas confirma que, además del respaldo interno de los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, quienes firmaron con Abinader una carta dirigida a los 15 miembros del Consejo, la República Dominicana ejerció un rol activo en la campaña diplomática que antecedió a la aprobación de la resolución 2793.
Ambos países se abstuvieron de votar en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Al no votar en contra, y vetar la misión, China, Rusia y Pakistán, que fue el tercer país en abstenerse, permitieron diplomáticamente la misión.
En la carta dirigida a Xi Jinping, Abinader advirtió que la violencia haitiana continuaba “desbordando sus fronteras” y afectando la seguridad nacional dominicana, con graves riesgos para la paz regional. A Putin le expresó la misma preocupación, reiterando el respaldo a la propuesta del secretario general António Guterres de transformar la misión en Haití bajo el liderazgo de la ONU.
Reforzar la frontera
Los senadores Ramón Rogelio Genao (PRSC) y Antonio Marte (Primero la Gente), y los diputados Ramón Bueno y Amado Díaz, ambos del PRM, señalaron que la seguridad en la frontera debe ser ampliada, considerando que los grupos criminales podrían buscar refugio fuera de Haití.
Marte explicó que la misión de la ONU puede generar miedo entre los pandilleros, pero también plantea riesgos que deben ser gestionados permanentemente por las autoridades dominicanas.
Mientras que Bueno destacó la importancia de que la Dirección de Migración continúe con la deportación de extranjeros irregulares y mantenga el control de las entradas al país.
