Santo Domingo. Como parte de su estrategia de fortalecimiento de la cooperación jurídica internacional de la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público firmó un acuerdo con la Fiscalía Nacional de Chile para la creación de un equipo conjunto de investigación contra la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el lavado de activos y otros delitos del crimen organizado.
La procuradora general Yeni Berenice Reynoso y el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia Vásquez resaltaron la importancia de fortalecer las vías de cooperación internacional para enfrentar delitos que traspasan las fronteras.
Se trata de la primera vez que República Dominicana firma un convenio para la creación de equipo conjunto de investigación bajo el amparo de la Convención de Palermo (Italia) contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el año 2000.
El convenio cuenta, además, con la firma de la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y del titular de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte de Chile, Francisco Jacir Manterola, quien estuvo en el país hace unos días encabezando una misión de trabajo.
En el acto, celebrado en el Despacho de la Procuradora General, estuvo presente Rubén Silié, viceministro de Política Exterior Multilateral, e Iván Favereau, embajador de Chile en Santo Domingo.
“Constituye un altísimo honor recibir la visita de la delegación chilena y formalizar este acuerdo de cooperación”, resaltó la procuradora general, tras señalar que el país enfoca la lucha contra la trata y tráfico de personas como un objetivo estratégico de primer nivel dentro de su política de persecución del crimen organizado transnacional.
Reynoso precisó que el Ministerio Público enfrenta este fenómeno mediante un esfuerzo interinstitucional en el que participan el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Migración, la Dirección Nacional de Inteligencia, el Ministerio de Defensa y otras entidades del Estado.
Informó que, incluso antes de la firma del convenio, los equipos de fiscales de Chile y República Dominicana ya venían desarrollando trabajos coordinados bajo el marco de la Convención de Palermo (de la que ambos países son signatarios), fortaleciendo la cooperación internacional en materia de investigación.
Recordó que la trata de personas se considera como “la esclavitud moderna” y una de las manifestaciones más graves de vulneración de la dignidad humana.
Explicó que las investigaciones sobre trata de personas se desarrollan de manera paralela con investigaciones por lavado de activos, debido a que las organizaciones criminales que la promueven tienen como finalidad la obtención de beneficios económicos ilícitos que luego tratan e inyectar a los mercados formales.
La visión de Chile
De su lado, el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia Vásquez, sostuvo que el convenio representa una herramienta concreta de trabajo entre los ministerios públicos de Chile y República Dominicana.
Valencia Vásquez resaltó que el acuerdo permitirá conformar equipos conjuntos de investigación integrados por fiscales y policías de ambos países para enfrentar delitos del crimen organizado transnacional.
Recordó que la trata de personas y el tráfico de migrantes son, “un flagelo que impacta directamente a ambas naciones y que requiere respuestas coordinadas”. Valoró el hecho de que los fiscales de su país y República Dominicana puedan compartir experiencias sobre cómo cada país enfrenta estas organizaciones criminales, conocer las estrategias que han resultado efectivas y trabajar conjuntamente para fortalecer las investigaciones y persecuciones penales.
“Estas acciones buscan ofrecer mayores niveles de seguridad a la ciudadanía y permitir que las personas puedan sentirse más tranquilas al saber que ambos países trabajan de manera coordinada frente a estas amenazas”, dijo Valencia Vásquez.
