Santo Domingo. La jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, dictó auto de apertura a juicio contra el empresario Jochi Gómez, propietario de Aurix S.A.S., y Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Los procesados por corrupción administrativa se exponen a penas de hasta 20 años de prisión, explicó el procurador adjunto Wilson Camacho,
La jueza rechazó la solicitud de nulidad del expediente presentada por la defensa de Hugo Beras y mandó a juicio, además, a Pedro Vinicio Padovani Báez y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exencargado del Centro de Control de Tráfico y exdirector de Tecnología del Intrant, respectivamente.
Según el Ministerio Público, esta organización estaba conformada por funcionarios públicos, exservidores estatales y particulares con antecedentes de haber participado en maniobras fraudulentas, quienes, aprovechando su posición o sus conexiones políticas y empresariales, vulneraron los principios de transparencia, libre competencia y legalidad que rigen la contratación pública.
Su actuación se caracterizó por una planificación meticulosa, el uso de sociedades interpuestas, prestanombres y documentos falsos, con el fin de garantizar el control total del proceso licitatorio y asegurar la adjudicación irregular del contrato por un monto de RD$ 1,317,350,997.00, en favor de empresas vinculadas al imputado José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez).
El Ministerio Público acusa al grupo de integrar una red criminal dedicada a la corrupción, sabotaje y terrorismo, la cual fue desmantela tras la puesta en marcha de la Operación Camaleón en el año 2024.
La Pepca presentó acusación por el caso contra las personas físicas y jurídicas en el mes de octubre del pasado año 2025.
Durante el proceso, declarado complejo, el Ministerio Público estableció la existencia de diversas líneas delictivas, incluyendo corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación, delitos de alta tecnología, actos de terrorismo en infraestructura crítica y lavado de activos. Estas irregularidades se desarrollaron principalmente a través del Intrant y el Ministerio de Defensa.
Cargos que enfrentan
José Ángel Gómez Canaán es señalado como beneficiario de contratos fraudulentos con Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange y responsable del control de sistemas semafóricos, videovigilancia y espionaje tecnológico, además del sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Hugo Beras facilitó adjudicaciones fraudulentas a empresas sin capacidad técnica y participó en la manipulación de la red semafórica y del sistema de videovigilancia.
Frank Díaz Warden manipuló licitaciones y decisiones del Comité de Compras para favorecer a empresas del esquema de corrupción.
Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda facilitó el control técnico de la red semafórica y falsificó certificaciones.

