Santo Domingo. El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso el envío a juicio del exministro de Hacienda Donald Guerrero, del abogado Ángel Lockward, así como de otras 33 personas acusadas de integrar una estructura que habría defraudado al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones.
La decisión fue valorada por el Ministerio Público como un avance en el proceso judicial, al establecer el tribunal que existen suficientes elementos de prueba para comprometer la responsabilidad penal de 35 de los 40 acusados incluidos en el expediente.
Sin embargo, el órgano acusador anunció que apelará los autos de no ha lugar emitidos a favor del exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, del exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo Terrero y otros tres procesados.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, sostuvo que los 40 acusados deben responder en juicio por los hechos que se les imputan.
Al referirse a la decisión, explicó que entre las personas enviadas a juicio figuran Donald Guerrero y Ángel Lockward, a quienes señaló como parte central de la estructura investigada.
Apelación
Camacho indicó que el Ministerio Público recurrirá la decisión al considerar que el tribunal incurrió en una errónea apreciación de varias pruebas al emitir los autos de no ha lugar.
Durante la audiencia fueron acogidos testimonios de Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), Fernando Crisóstomo y José Antonio Ureña, pero sostuvo que esos elementos no fueron valorados al momento de justificar las decisiones favorables a algunos de los imputados.
También afirmó que uno de los beneficiados con un auto de no ha lugar aparece vinculado a un documento presentado por el Ministerio Público en el que escribió de puño y letra nombres de seis personas, incluidas algunas fallecidas.
La jueza Altagracia Ramírez rechazó además las solicitudes de las defensas que buscaban la nulidad del expediente y la extinción de la acción penal.
Investigación
El Ministerio Público aseguró que presentó más de 1,278 medios de prueba para sustentar la acusación, en la que sostiene que los procesados integraban una estructura que desvió más de RD$19 mil millones mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública.
También sobornos destinados al financiamiento de la campaña electoral de 2020, pagos indebidos de deudas a ministerios y un esquema de sobornos relacionado con los juegos de azar regulados por el Ministerio de Hacienda.
Los acusados enfrentan cargos por asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos.
La decisión fue emitida luego de que el expediente quedara en estado de fallo el pasado 27 de marzo de 2026.
Tras la lectura de los aspectos esenciales de la sentencia, el tribunal entregó la decisión en formato digital a las partes involucradas en el proceso.

