Santo Domingo. El Juzgado de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de gestionar y recibir 10,000 dólares durante una entrega controlada realizada por el Ministerio Público a una persona que se encontraba bajo investigación.
La medida fue dictada por la magistrada Ysis Muñiz, quien ordenó que el imputado cumpla la coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
La decisión valida la solicitud presentada por el Ministerio Público el pasado 29 de marzo, encabezada por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, el procurador adjunto Wilson Camacho y el fiscal Andrés Mena.
Durante la audiencia, la jueza rechazó varios incidentes promovidos por la defensa de Valdez Alcántara, incluyendo un pedimento de nulidad del proceso.
La magistrada sostuvo que, una vez concretada la entrega del dinero, se configuró una situación de flagrancia que permitía la intervención de las autoridades sin necesidad de una orden de arresto.
“Contrario a lo que ha alegado la defensa, el Ministerio Público no necesitaba orden para realizar el arresto”, indicó la jueza al explicar que la entrega vigilada constituye una técnica especial de investigación contemplada en la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Muñiz señaló además que el soborno figura como delito precedente en esa legislación y que, en este caso, existía autorización judicial previa para realizar la entrega controlada del dinero. También afirmó que la diligencia de allanamiento se ejecutó en el domicilio del imputado, tal como admitió la propia defensa.
Peligro de fuga
Sobre el peligro de fuga, la magistrada explicó que, además de elementos como domicilio fijo o solvencia económica, los tribunales deben valorar factores relacionados con la gravedad de los hechos investigados, el daño ocasionado, la pena posible y la conducta del imputado frente al proceso.
El Ministerio Público había solicitado un año de prisión preventiva contra el fiscal investigado. En la audiencia, el equipo litigante estuvo encabezado por Wilson Camacho, junto a la procuradora general de corte Carmen Alardo y el fiscal Andrés Mena.
La audiencia se extendió desde después de las 2:00 de la tarde del martes hasta alrededor de las 2:30 de la madrugada de este miércoles.
La jueza conoció el proceso luego de que el pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazara una recusación presentada por la defensa en abril.
La revisión obligatoria de la medida de coerción fue fijada para el 29 de junio de 2026.
De acuerdo con el expediente, Valdez Alcántara habría exigido inicialmente 200,000 dólares a la persona bajo investigación, monto que luego redujo a 150 mil dólares.
Según el Ministerio Público, durante las negociaciones también mostró interés en un reloj Rolex y solicitó un vehículo Mercedes Benz 350 o 450.
La investigación es dirigida directamente por la procuradora general, quien reiteró que la institución no tolerará actos de corrupción dentro del Ministerio Público.

