Santo Domingo. La procuradora de corte Mirna Ortiz aseguró este viernes que el Ministerio Público probó la acusación por corrupción administrativa presentada en contra de Hugo Beras, Jochi Gómez y compartes, destacando en ese sentido, que, indiscutiblemente, serán enviados a juicio.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) destacó la contundencia de las pruebas presentadas durante la audiencia preliminar que se conoce en el Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.
Hugo Beras es un exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y José Ángel (Jochi) Gómez Canaán, propietario de Aurix S.A.S.
Al responder preguntas de la prensa a la salida del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, dijo que las defensas quisieron tender una cortina de humo, pretendiendo envolver al tribunal y a la prensa con insinuaciones y afirmaciones al margen del derecho y sin ninguna prueba.
Pruebas
Ortiz sostuvo que el Ministerio Público probó todas y cada una de las imputaciones a cargo de Hugo Beras, Gómez Canaán y de todos y cada uno de los imputados.
Dijo que ninguna de las dos defensas se refirió a los mensajes de WhatsApp que corroboran las afirmaciones que ha hecho el Ministerio Público de que ya la licitación había sido entregada a José Gómez Canaán desde antes de materializarse el proceso mismo de licitación.
Resaltó que esas actuaciones conjugan todo el esquema de defraudación al Estado dominicano, al estar jugando con cartas marcadas, “evidentemente para favorecer proveedor con el que ya se tenían relaciones a cambio de beneficios económicos”.
“Eso es lo que ha demostrado el Ministerio Público en esta audiencia y por lo que corresponderá, indiscutiblemente, un auto de apertura a juicio”, subrayó.
Fiscales
Ortiz representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los procuradores fiscales Emmanuel Ramírez y Jonathan Pérez, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
El Ministerio Público determinó que mediante contratos y convenios irregulares con Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., se otorgó acceso privilegiado a estas empresas, utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia, seguridad tecnológica y legalidad administrativa.
