Tribunal de Santiago pospone para el 6 de marzo audiencia contra imputados de la Operación Falcón

Por: Redacción Mirador Central

Santiago. El Ministerio Público solicitó ante el Quinto Juzgado de la Instrucción de este distrito judicial que envíe a juicio a 70 imputados físicos y entidades societarias, acusadas de conformar la estructura del crimen organizado que se dedicó a múltiples delitos que incluye el lavado de activos, narcotráfico y armas de fuego, y que fue desmantelada por la Operación Falcón.

Los fiscales Yeny Liranzo, Pedro Martínez y Reyna Jiménez, representando al Ministerio Público, plantearon lo improcedente e infundado de los argumentos de la parte acusada, quienes pretenden ignorar la gravedad, pertinencia y fuerza probatoria de más de 3,000 elementos de pruebas que conforman el expediente contenido de unas 4,000 páginas.

Concluida la audiencia preliminar, el presidente del tribunal, juez Cirilo Salomón Sánchez, se retiró a deliberar para decidir si envía a juicio a los acusados tanto físicos como morales. Las partes fueron citadas a comparecer el próximo jueves, 6 de marzo para dar a conocer la decisión.

La organización estuvo dirigida por los nombrados Erick Randiel Mosquea Polanco, quien fue arrestado en Colombia y solicitado en extradición por Estados Unidos y Juan José de la Cruz Morales (Wander, Wandy y/o W), arrestado durante los operativos en el país y quien enfrenta cargos formales en tribunales de EE. UU.

Los implicados en la estructura enfrentan cargos por delitos de lavado de activos provenientes del narcotráfico, patrocinio del narcotráfico, usurpación de identidad, tráfico de armas de fuego, entre otros ilícitos camuflados de actividades comerciales legales, con las que movilizaron miles de millones de pesos.

Amigos y familiares

El Ministerio Público señala que “mediante estas actividades criminales, los imputados crearon una plataforma criminal soportada por amigos y miembros de sus familias y socios, creando una descomunal fortuna y acumulando poder e incidencia en la región Este, Santo Domingo y Santiago”.

Este poder económico les permitió adquirir inmuebles como villas, apartamentos, terrenos y estaciones de combustibles.

En su acusación, el Ministerio Público solicita el decomiso definitivo de más de 150 bienes muebles e inmuebles incautados a la organización delictiva, durante las distintas diligencias de investigación e intervenciones que el órgano acusador realizó por varias provincias del país, con el apoyo de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA).

Además, solicita el decomiso de cientos de millones de pesos y millones de dólares que fueron incautados y frizados en cuentas bancarias y mediante allanamientos.