Santo Domingo. Participación Ciudadana aseguró que el sistema de justicia dominicano ha fracasado una vez más en su lucha por reducir la impunidad con la sentencia de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia que absuelve a los dos únicos imputados que quedaban en el caso de soborno de la constructora Odebrecht, uno de los más grandes de corrupción en nuestro país.
Entiende que la mayor cuota de responsabilidad la lleva el ministerio público, que fue advertido en el 2017 por Miriam Germán Brito del déficit probatorio de este caso, pero no realizó ningún esfuerzo para subsanarlo, y por el contrario se negó a ir a Brasil a interrogar a los principales ejecutivos de Odebrecht a pesar de estar judicialmente habilitado para ello por el Juez de la Instrucción del caso.
Asegura que de viajar al país suramericano era evidente que obtendría los nombres de los sobornados, que estaban protegidos por unos codenomes, pero que comprometerían a importantes funcionarios públicos, incluyendo legisladores y otros cercanos al procurador general de la República de entonces.
Participación Ciudadana sostiene que es importante que quede en la conciencia nacional que los sobornos existieron y no habrá sentencia que pueda decir lo contrario con efectividad, pues fue reconocido por Odebrecht en el acuerdo que suscribió con el ministerio público donde se comprometió a devolver el duplo de los 92 millones de dólares admitido como soborno y también asumió el compromiso de identificar a los sobornados, obligación que el ministerio público jamás reclamó su complimiento.
Agrega que por eso les preocupa el lenguaje utilizado por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia en su sentencia, cuando en dos ocasiones señala la “inexistencia” del crimen de soborno (4.43 y 4.42), cuando debió referirse a que, a pesar de la confesión del soborno, no se pudo identificar con pruebas a los sobornados. Establecer la “inexistencia” de los sobornos hiere la sensibilidad de la ciudadanía ante hechos tan graves como los confesados por la propia Odebrecht.
Sostiene que ante una sentencia definitiva corresponde al ministerio público realizar una evaluación interna y ofrecer explicaciones a la ciudadanía. Es importante también entender que cuando un crimen es cometido y no se castiga a los responsables, se compromete la credibilidad del sistema de justicia, no solo del órgano del sistema responsable de la ausencia de castigo.
La institución de la sociedad civil manifiesta que esta derrota en la lucha contra la corrupción en vez de desalentar los esfuerzos debe, por el contrario, obligar a redoblar los esfuerzos, teniendo como objetivo en lo adelante los cuatro casos de corrupción administrativa que se manejan en los tribunales en estos momentos, como son Anti-pulpo, Coral y Coral 5G, Medusa y Calamar, que, distintos al de Odebrecht, presentan una sobre abundancia de pruebas.

Los acusados
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) acogió este viernes 9 un recurso de casación en favor de Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón, a quienes absolvió de la implicación en el caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.
Con esta última decisión de la Corte, todos los imputados en el citado caso quedan sin condenas pese a la empresa haber admitido que pagó US$92 millones a funcionarios para lograr obras millonarias del Estado dominicano.
La defensa de Rondón y Díaz Rúa sometió el recurso contra la sentencia que los condenó a 10 años.
Ambos fueron condenados en octubre del 2021 por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional a ocho y cinco años, respectivamente, al declararlos culpables de corrupción en el caso de sobornos que distribuyó Odebrecht en República Dominicana, para agenciarse la adjudicación de contratos de obras pagadas con fondos de los contribuyentes.
La SCJ también dispuso el cese de toda medida de coerción que pese en contra de los procesados.
Asimismo, ordenó la entrega de todos los bienes incautados y el levantamiento de toda oposición, medida de restricción, orden de inmovilización de fondos, la radiación y cancelación de cualquier inscripción u oposición y medidas cautelares.
Igualmente, fue descargado de responsabilidad penal Conrado Enrique Pittaluga Arzeno.
La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional le había ratificado la sentencia, pero ahora quedaron libres.

