Ministerio Público demostraría el martes 7 porqué José Ramón Peralta debe seguir preso

Sobre el aplazamiento de la audiencia, dispuesto por la jueza Ana Lee Florimón, dijo que es para garantizar el debido proceso y que siempre están listos para conocer las audiencias

Por: Redacción Mirador Central

Santo Domingo. El Ministerio Público sostuvo este viernes que debe mantenerse la prisión preventiva al ex ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, uno de los principales imputados por corrupción administrativa en la Operación Calamar, al precisar que no han variado los presupuestos que dieron origen a la imposición de la medida de coerción.

La fiscal Rosa Alba García, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) dijo que, en la próxima audiencia, fijada por el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para el próximo martes 7 de noviembre, demostrarán por qué debe mantenerse la prisión preventiva al imputado.

“Para la audiencia del martes que viene nosotros vamos a plantear por qué todavía están dadas las condiciones que dieron lugar a la misma, pero ya eso se va a discutir el próximo martes 7, y el juez ponderará”, enfatizó, en respuesta a preguntas de periodistas de la fuente judicial que la entrevistaron a la salida del tribunal.

“El Ministerio Público, como siempre, viene listo a conocer las audiencias, indistintamente, la naturaleza de estas. El aplazamiento con relación a la solicitud de revisión de la medida de coerción se debe a un tema de debido proceso”, detalló.

En ese sentido, explicó que una de las partes querellantes fue citada en el día de ayer y que no se había cumplido con el plazo legal que establece la norma, que debe de dársele a cada parte.

“Por esa razón, el tribunal aplazó la audiencia para el próximo martes 7, a las 11:00 de la mañana, no por cuestiones del Ministerio Público, sino, por cuestiones del debido proceso que debe tutelársele a todas las partes envueltas”, dijo la fiscal litigante de la Pepca.

El titular de la Pepca, Wilson Camacho, encabezó el equipo que representó al Ministerio Público durante la audiencia, el cual además de la fiscal Rosa Alba García, estuvo integrado por los también fiscales Arolin Lemos y Elvira Rodríguez.

No hay razones para prisión

Los abogados defensores de José Ramón Peralta aseguraron que ya no existen las razones jurídicas que justifiquen que su cliente continúe en prisión mientras se desarrolla la investigación y el proceso judicial de Operación Calamar, algo que refutan los fiscales del Ministerio Público.

Pedro Balbuena, de la defensa del exministro Administrativo de la Presidencia, argumenta que la medida de coerción «más gravosa» que establece el Código Procesal Penal no tiene sentido porque su defendido a este punto no puede representar un peligro para una investigación que comenzó hace años, ni para el proceso.

«¿Cuál es el peligro de la investigación después de años de investigación, supuestamente, en este caso? ¿En qué consiste ese riesgo concreto para la investigación, no ha tenido tiempo (el Ministerio Público) después de siete meses para investigar?», alega.

Al terminar la sesión, Balbuena afirmó que Peralta tiene casi ocho meses tras las rejas sin que se le haya revisado la medida de coerción.

«José Ramón Peralta tiene 226 días preso sin que un tribunal haya conocido de la revisión de medida de coerción. Es una prisión que es injusta, que es arbitraria y que debe cesar porque no tiene razón de ser», sostiene el togado.

El proceso

El proceso por corrupción administrativa también se sigue en contra del ex ministro de Hacienda (2016-2020), Ángel Donald Guerrero Ortiz,  a quien el Ministerio Público le imputa encabezar una red desmantelada con la Operación Calamar que, según la solicitud de medida de coerción, utilizaba al menos 11 instituciones con las que gestionaba las expropiaciones irregulares de terrenos, el cobro ilegal a bancas de lotería, deportivas y negocios con máquinas tragamonedas, así como la compra de inmuebles con sobrecosto.

En el proceso se ha establecido que, desde el Ministerio de Hacienda, Bienes Nacionales, la Tesorería Nacional, la Dirección de Presupuesto y las demás instituciones del sector, los imputados diligenciaban y gestionaban el pago de deudas públicas por expropiación irregular de terrenos.

En este expediente, el órgano acusador también imputa al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; al abogado Ángel Lockward, y al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo.

Asimismo, a Roberto Santiago Moquete Ortiz, a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda; al exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa, y al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.

También, a Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.