Santo Domingo. El juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ratificó la noche de este martes la prisión domiciliaria y el uso de grillete electrónico impuestos como medidas de coerción al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, principal acusado por corrupción administrativa en el expediente de la Operación Medusa.
El magistrado confirmó las medidas de coerción al exprocurador al conocer una solicitud del acusado para que le quitaran el arresto domiciliario o se lo variaran por otras medidas, o que le retiraran el brazalete electrónico bajo el alegato de que le ocasiona laceraciones en una de las piernas.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que la decisión fue adoptada por el tribunal porque el acusado no presentó pruebas suficientes para variarle las medidas de coerción.
“En la noche de hoy el tribunal entendió que los presupuestos presentados por Jean Alain Rodríguez y su defensa resultan insuficientes como para variar la medida de coerción que pesan sobre él, incluso, valorando el supuesto certificado médico que pretendieron traer al tribunal para lograr el retiro del grillete electrónico”, dijo Ortiz, quien representó al Ministerio Público junto al titular de la Pepca, procurador adjunto Wilson Camacho, y el fiscal Emmanuel Ramírez.
“El juez entendió, conforme a lo que estableció el Ministerio Público, que dicho certificado no establecía de forma inequívoca que las afecciones de salud que supuestamente presenta sea ocasionada por el (grillete electrónico)”, expresó al responder preguntas de la prensa a la salida del tribunal.
En el expediente de la Operación Medusa, además de Rodríguez, el proceso también se sigue en contra de Alfredo Alexander Solano, ex subdirector administrativo del Ministerio Público; contra Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y contra Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo.
Además, contra Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; la ex subdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado, así como de Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y el exasesor Miguel José Moya.
Los acusados de la Operación Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
